La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció hoy, martes, que fue convertida en ley una medida que establece un término máximo durante el cual una persona empleada por el Departamento de Educación (DE) podrá permanecer aislada o separada de su área de trabajo como parte de una medida cautelar.
Se trata del Proyecto de la Cámara 200, convertido oficialmente en la Ley 80-2026.
La iniciativa de la senadora y portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, establece un término temporal máximo durante el cual una persona empleada por el DE podrá permanecer aislada o trasladada temporeramente del área de trabajo como parte de una medida cautelar, de manera que se garantice el derecho al Debido Proceso de Ley del personal docente.
“Las medidas cautelares se han convertido en un limbo laboral que mantiene a decenas de maestras y maestros fuera de sus salones, en ocasiones sometidas a situaciones humillantes, convirtiendo en castigo extendido lo que debe ser un recurso procesal de corta duración. La nueva ley responde a un reclamo de la clase magisterial, y confiamos en que sea un instrumento de justicia”, destacó Santiago Negrón.
Según los legisladores, se han reportado casos de maestros que han informado haber sido separados durante más de cinco años de su área de trabajo.
“Que esta medida se haya convertido en Ley representa un paso muy importante en la protección de derechos del personal docente y del debido proceso de ley. Ninguna maestra o maestro debe permanecer aislada o trasladada temporeramente del área de trabajo durante años como parte de una medida cautelar sin una determinación final de su caso. Estas deben llevarse a cabo de un término de tiempo razonable y con límites claros”, dijo, por su parte, el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón.
La medida es de la autoría de los representantes Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles con la coautoría de los representantes Lilibeth Rosas Vargas y Reinaldo Figueroa Acevedo.
“El propósito de las enmiendas es establecer un término temporal máximo durante el cual un empleado del Departamento de Educación podrá permanecer aislado o trasladado temporeramente del área de trabajo como parte de una medida cautelar, de manera que se garantice el derecho al Debido Proceso de Ley del personal docente.
Con estos cambios a la ley se busca evitar la dilación arbitraria y excesiva en el proceso de investigación y adjudicación, incluyendo la determinación de si la persona involucrada en la controversia representa o no un peligro para la comunidad escolar, ya que constituye una violación crasa al debido proceso de ley garantizado por la Constitución de Puerto Rico, así como del derecho titular que la persona separada del empleo ostenta sobre su plaza“, dice, por su parte, un comunicado emitido por la gobernadora.
