Por Amanda Pérez Pintado | Centro de Periodismo Investigativo
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó $114,100 por servicios profesionales a la empresa Health Strategy Consulting mediante órdenes de compra, sin formalizar un contrato, señala un informe de la Oficina del Inspector General (OIG). La obtención de servicios profesionales mediante órdenes de compra es una acción inusual en la contratación gubernamental.
En total, Corrección desembolsó a esta empresa, propiedad del comunicador Ramón Alejandro Pabón García — actual portavoz del secretario de Salud, Víctor Ramos —, casi $500,000 sin que evidenciara el trabajo realizado, reveló en febrero una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Pabón García y sus empresas han acumulado sobre $5 millones en contratos con diversas agencias y municipios desde 2008.
Health Strategy Consulting servía de enlace entre el DCR y los proveedores de servicios de salud en las cárceles del país. Además, debía evaluar que estos proveedores cumplieran con sus obligaciones contractuales.
La inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, indicó que la obtención de servicios profesionales mediante una orden de compra no es una práctica normal en el Gobierno. “Se supone que todo lo que tiene que ver con la pactación de contratos de servicios profesionales se haga a través del mecanismo que dispone la ley para eso”, dijo en una entrevista con el CPI.
La Ley 237 de 2004 establece que los servicios profesionales deben constar en contratos escritos. Asimismo, las Normas y Procedimientos para la Tramitación de los Contratos del DCR disponen que “no se aceptarán servicios o bienes sin la otorgación previa de un contrato”.
En respuesta a este hallazgo de la OIG, el DCR dijo que se solicitaron los servicios mediante órdenes de compra “en lo que se renovaba el contrato”, según el informe de auditoría.
Aunque la OIG reconoce en el informe que, a modo de excepción, el Estado de derecho vigente permite la concesión de órdenes de compra para servicios profesionales, aclara que “las agencias gubernamentales están llamadas a ser vigilantes en el otorgamiento de tales órdenes” y reiteró que el mecanismo correcto es un contrato.
Según el documento, publicado este martes, el DCR emitió 10 órdenes de compra en 2020 y 2021 para adquirir estos servicios profesionales. Cuando los pagó, en cinco de los desembolsos, ni siquiera aplicó las retenciones contributivas requeridas, por lo que el contratista cobró $4,410 que debieron ir al Departamento de Hacienda, no a su bolsillo.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Los servicios profesionales por los cuales el DCR pagó mediante órdenes de compra consistían en evaluaciones de informes, el manejo de casos de COVID-19 en las cárceles y otras gestiones administrativas. Algunas tareas por las que Health Strategy Consulting facturó incluyen “gestiones en hospitales”, “envío de comunicaciones sobre el voto primarista adelantado de los confinados”, “disponibilidad on call 24/7 para atender los asuntos en las áreas médicas” y “vigilancia, análisis y notificación al chat sobre noticias de interés públicos del DCR”, según el informe de la OIG.
El secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones Rivera, sostuvo en declaraciones escritas que la agencia se encuentra en un proceso de análisis para determinar el curso de acción a ante los hallazgos de la OIG, cuya investigación también incluyó la revisión de las facturas del actual proveedor de salud correccional, Physician Correctional. La OIG ordenó al DCR a recobrar más de $2 millones que desembolsó en exceso a Physician Correctional.
“De forma responsable, se atenderá con la premura que amerita. Reitero que mi compromiso es con la sana administración y sobre todo con que las personas bajo custodia reciban los servicios de salud necesarios para su bienestar. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a esos aspectos”, dijo Quiñones Rivera.
Irregularidades en contratos
Además de los servicios que adquirió mediante órdenes de compra en 2020 y 2021, entre 2017 y 2022, el DCR le otorgó cinco contratos a la empresa Health Strategy Consulting, que sumaban $416,000, para servir de enlace y asegurar el cumplimiento del contrato entre la agencia y los proveedores de servicios de salud en las cárceles.
El doctor Luis Clas Fernández, actual director del Departamento de Salud del Municipio de San Juan, presidió Health Strategy Consulting hasta enero de 2021. Pabón García asumió el liderato de la compañía en ese momento.
Pabón García también es dueño de Tácticas & Inc., una compañía de asesoría en comunicaciones que tiene contratos con la Administración de Servicios Generales, la Administración de Seguros de Salud, el Banco de Desarrollo Económico, el Departamento de Salud y los municipios de Canóvanas y Maunabo.
El CPI se comunicó con Clas Fernández y Pabón García para solicitar una reacción a los hallazgos del informe, pero no recibió respuesta al momento de publicación.
Como parte del examen, la OIG revisó, además, los dos contratos más recientes que el DCR otorgó a Health Strategy Consulting, firmados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021 por Clas Fernández y Pabón García, respectivamente.
La pesquisa de la OIG encontró que el 80% de las 88 horas facturadas y pagadas en diciembre de 2020 no estaban debidamente contratadas ni autorizadas. Health Strategy Consulting facturó 22 horas por servicios prestados entre el 1 y el 6 de diciembre, a pesar de que el contrato entró en vigor el 7 de diciembre. El DCR desembolsó $2,200 por esas horas. La contratación retroactiva está prohibida en el Gobierno de Puerto Rico, según la Ley 33 de 2015. Asimismo, la Ley 237 de 2004 establece que los contratos por servicios deben ser prospectivos, algo que fue reiterado por el Tribunal Supremo en 2014.
El DCR, además, pagó $4,800 por 48 horas facturadas entre el 7 y el 31 de diciembre de 2020 que “no se pudieron relacionar con los servicios contratados”, según el informe de la OIG. En aquel momento, el secretario del DCR era Eduardo Rivera Juanatey.
En relación con el contrato firmado en 2021, la OIG determinó que el DCR pagó $100,000 por 10 facturas que presentaban las horas trabajadas de forma englobada e identificó algunos servicios que no se contemplaban en el contrato. Por la falta de detalles en las facturas, sin embargo, la OIG no pudo precisar cuántos servicios facturados no estaban autorizados bajo el acuerdo.
La exsecretaria del DCR Ana Escobar Pabón firmó ese último contrato entre la agencia y la empresa.
El pasado febrero, CPI reportó que el DCR le pagó $483,460 a Health Strategy Consulting entre 2018 y 2022, $67,460 más de lo estipulado en los contratos. También reveló que la agencia no presentó evidencia de los servicios que proveyó la compañía.
El DCR, como parte de una demanda, le certificó al CPI que, en sus récords, no tiene “ningún informe de parte de la compañía Health Strategy [Consulting]”.
Pabón García, en expresiones escritas enviadas al CPI en febrero, afirmó que preparó los informes de cumplimiento y los presentó al Joint Oversight Committee, un comité compuesto por representantes del DCR y Physician Correctional que monitorea el cumplimiento del proveedor de salud correccional.
Durante el periodo en que recibió pagos mediante órdenes de compra, miembros de la empresa participaron en reuniones del comité conjunto en función de oficial de enlace médico, según el informe de la OIG. El oficial de enlace médico debe ser un doctor debidamente licenciado designado por el DCR.
Además de Health Strategy Consulting, el DCR contrató en 2023, por $450,000, a la empresa UTICORP para evaluar el desempeño de Physician Correctional. La OIG señaló en el informe que el DCR le pagó a UTICORP por servicios que no estaban incluidos en el contrato. Concluyó, además, que el proceso de selección de UTICORP reflejó “situaciones que pudieran dar la apariencia de haber otorgado ventajas y privilegios”.
Jorge Galva Rodríguez, asesor legal de UTICORP, rechazó que hubiera alguna ventaja indebida en el proceso de contratación de la empresa y sostuvo que la compañía prestó los servicios para los que fue contratada.
“Todos los servicios que se le prestaron al DCR fueron solicitados por el DCR explícitamente y prestados de forma completa”, afirmó en una llamada telefónica.
Pagos en exceso a Physician Correctional
La OIG también reveló que el DCR pagó más de $2 millones en exceso a la empresa Physician Correctional, que administra el sistema de salud en las cárceles. El DCR contrató a la compañía por primera vez en 2018 para el manejo del programa de salud correccional y renovó el acuerdo en 2023.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
La cuantía del primer contrato entre el DCR y la compañía, vigente desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2023, ascendía a $54 millones, pero la agencia desembolsó más de $56.8 millones. A raíz de los hallazgos, la OIG emitió una orden al DCR para que recobre el dinero que pagó de más.
Bárbara Méndez, directora de operaciones de Physician Correctional, rechazó en declaraciones escritas el señalamiento de la OIG, argumentando que el contrato estaba vigente para el periodo en que se desembolsaron los más de $2 millones cuestionados en el informe.
“Entendemos que este señalamiento por parte de la OIG es incorrecto y responde a una interpretación errónea del contrato, ya que todos los servicios evaluados por la OIG están debidamente incluidos en el contrato legítimamente establecido entre las partes”, dijo Méndez.
La OIG señaló en el informe que los pagos en exceso se realizaron sin que existiera una enmienda que alterara la cuantía máxima del contrato.
Según el informe, una revisión de 174 facturas encontró que “el detalle de la labor realizada se mostraba en una forma resumida y siempre indicaba los mismos datos”, contrario a lo establecido en el contrato. El DCR pagó las facturas sin corroborar la autenticidad de los informes ni la calidad de los servicios provistos, concluye el informe.
Durante la vigencia del primer contrato, firmado en 2018, la población correccional se redujo significativamente a menos de 9,000 confinados. Según el examen, esta disminución debió haber provocado un ajuste proporcional en los pagos a Physician Correctional, conforme a lo estipulado en el contrato, pero eso no ocurrió.
El DCR continuó desembolsando la compensación máxima establecida, sin que existiera evidencia de negociaciones o enmiendas que reflejaran la reducción en la población penal.
Ese primer contrato, además, solo fue autorizado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2018-2019, a pesar de que su vigencia se extendía hasta septiembre de 2023. Bajo las normativas vigentes, todo contrato gubernamental que exceda $10,000 en el mismo año fiscal debe pasar por la aprobación de la OGP, señaló la inspectora general.
En septiembre de 2024, el CPI reportó que el contrato vigente, que asciende a casi $73.8 millones y vencerá en 2028, se basa en una población correccional de 6,500 personas o más. Actualmente, hay un promedio diario de 7,318 personas adultas en las cárceles, según el DCR. El contrato, sin embargo, no detalla la cantidad de fondos asignados por confinado, ni las tarifas por los servicios.
El informe de la OIG subraya que, a pesar de establecer el umbral de 6,500 personas, el contrato vigente establece aumentos automáticos en la compensación de Physician Correctional cada dos años, sin justificación aparente.
El examen de la OIG, además, detectó que el DCR contrató a Physician Correctional para proveer servicios de salud mental para el programa de Instituciones Juveniles y el de Rehabilitación y Tratamiento sin aviso público de solicitud de propuesta.
La gobernadora Jenniffer González había dicho que su administración cancelará el contrato con Physician Correctional, pero hasta ahora sigue vigente.
Quiñones Rivera, secretario del DCR, dijo en una vista de presupuesto en la Cámara de Representantes en abril, que la agencia se encuentra en la etapa de “discusión interna” en torno a un análisis del contrato.
-
-
-
-
