Tras darse a conocer que, al momento, no hay datos que indiquen que el Departamento de Educación sometió algún referido sobre la menor de 13 años con autismo y que hoy está embarazada de 32 semanas tras los abusos sexuales cometidos por su padrastro, el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Larry Emil Alicea, hizo un llamado a la agencia para cambiar sus protocolos y atender de forma segura esta y futuras situaciones.
No obstante, recalcó que no se debe traer a la discusión publica el echar culpas a diversas personas o agencias, y planteó que hay que investigar las circunstancias bajo las cuales se dio el proceso.
“Aquí hay unas cosas que rápidamente comienzan a levantar cuestionamientos. La fianza de mamá fue de 500 mil dólares y la del agresor fue de 200 mil”, cuestionó Alicea al traer a colación el hecho de que se desconoce la situación que vivió la progenitora.
Respecto a si se debe o no practicar un aborto a la menor, indicó que deben ser las partes correspondientes, incluído el persona médico, los profesionales de salud y de trabajo social, entre otros aspectos, lo que defina qué debe suceder respecto a la condición de embarazo.
Por su parte, el cardiólogo César Vazquez también sugirió que las personas involucradas son quienes deben optar o no por un aborto para la menor, aunque aclaró que “esto va a ser un aborto bien traumático. Esto pone en peligro la salud y la vida de la niña. Si tú me preguntas, un parto es mucho más seguro que un aborto de 32, 34 semanas”.
Asimismo, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó al caso, y se unió al reclamo para hacer valer el rol de las agencias gubernamentales: “Ese incidente fue totalmente espantoso. Se le revuelca el alma a uno cuando ve cosas como esa. Hay ya casos de la naturaleza penal pendientes ante los tribunales, y eso, obviamente, ahí hay que indagar, investigar a fondo para ver quién falló, incluyendo personas allegadas a esta víctima”.
