La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el lunes que rindió cuentas de sus gestiones durante el año transcurrido desde la declaración de emergencia nacional por la pandemia, emitida por el gobierno federal.
“Ante la pandemia, emergencia nacional y toque de queda local debido a la propagación del coronavirus (COVID-19) la comisionada abogó y gestionó que Puerto Rico estuviera incluido en todas las protecciones tomadas por el gobierno federal. Mis acciones se combinaron con su abarcadora agenda de recuperación por los huracanes Irma y María, la emergencia con los terremotos, el desarrollo económico, más fondos para la salud, legislación de bienestar social, entre otros”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
Hasta la fecha, Puerto Rico ha recibido de manera directa 17.5 billones de dólares en fondos federales para hacerle frente al coronavirus, esto sin contar las asignaciones que llegarán con la nueva ley “American Rescue Plan and Economic Aid Act”.
Orientación
El mismo 11 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus (COVID-19) como una pandemia al registrarse sobre 118,00 casos con más de 4,000 muertes en más de 110 países y territorios, la comisionada comenzó una campaña de orientación a la población sobre las medidas que se tomaban en la esfera federal para enfrentar la pandemia.
Esto incluyó boletines digitales, impresos, comunicación constante mediante las redes sociales que incluían a funcionares estatales, recursos de agencias federales, seminarios, entre otros, los cuales continúan realizando al presente.
Desde bien temprano comenzó gestiones para garantizar el trato igual de Puerto Rico en toda iniciativa legislativa o administrativa federal, tales como el 16 de marzo de 2020 cuando le solicitó al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, el abastecimiento en la isla de equipos adecuados de protección para el personal de salud, primeros auxilios y rastreo de pasajeros, quienes son la población más expuesta al COVID-19.
Luchando por la inclusión de Puerto Rico
En varias comunicaciones al liderato congresional, como la enviada el 18 de marzo, González Colón solicitó que Puerto Rico se incluyera en todas las disposiciones del primer paquete de ayuda que se aprobó para manejar la crisis del Covid-19, esto incluyó todo pago directo a ciudadanos americanos en Puerto Rico. Además, pidió que se incorporasen medidas para hacer extensivo el Child Tax Credit (CTC); la inclusión de la isla en el Crédito por Ingreso Devengado (EITC), fondos adicionales para el PAN, la extensión de fondos para el programa Medicaid e incentivos para zonas de desventaja económica (distress zones) por la producción de suministros farmacéuticos y médicos en Puerto Rico y hasta solicitó que se incluyera su proyecto de asistencia a organizaciones sin fines de lucro.
La comisionada dijo que logró que FEMA eliminara la barrera para Puerto Rico y los territorios y pudieran adquirir equipo médico en el extranjero e instó a la entonces gobernadora Wanda Vázquez a solicitar toda la ayuda federal ya disponible para la protección de los policías y personal de primera ayuda.
González Colón, le reclamó al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que incluyera a Puerto Rico dentro de sus plataformas digitales de alertas, lográndolo tanto para la isla, como para los demás territorios.
El 19 de marzo de 2020 envió una misiva al secretario de Estado federal, Mike Pompeo, para auxiliar a los puertorriqueños en el extranjero, varados por el COVID-19; varias gestiones lideraron el personal de la oficina de la comisionada para traer muchos puertorriqueños de vuelta a casa.
Otras comunicaciones incluyeron: la del 21 marzo de 2020 donde le solicitó a la entonces gobernadora que se eliminara cualquier requisito a nivel local que pueda atrasar el proceso de solicitud de los “Emergency Injury Disaster Loans” de SBA a los pequeños y medianos negocios en la Isla; el 1 de abril de 2020 en otra carta a la entonces gobernadora solicitó autorización a las farmacéuticas para que siguieran operando; el 2 de abril de 2020 le solicitó a la FDA ayuda con los “testing kits” de COVID-19 para Puerto Rico; y el 8 de abril de 2020 envió una carta al FCC reclamando acceso a las telecomunicaciones ante esta crisis; entre otras.
La comisionada residente sostuvo varias reuniones con diversos grupos para atender las particularidades de cada uno ante la pandemia. Algunas de estas reuniones fueron con representantes de la industria farmacéutica; la Coalición del Sector de Salud; con el fiscal federal, Stephen Muldrow, y el senador Rick Scott para discutir la entrada a la isla de pasajeros enfermos en barcos y botes; con el Departamento de la Familia de Puerto Rico sobre el control de las visitas a las égidas y proteger a las personas de edad avanzada; el Comisionado de Seguros, MMAPA y las principales aseguradoras donde tocó el tema de las cubiertas de salud y cambios federales para hacer más expedito el trabajo de los proveedores de servicio de salud de la Isla; alcaldes de ambos partidos; el sector de construcción; el Procurador del Veterano; la Asociación de Colegios y Universidades (ACUPPR); con el entonces Administrador de FEMA; Coalición del Sector Privado; la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y los principales presidentes de instituciones bancarias; entre otros.
Legislación aprobada
De manera directa, Puerto Rico ha recibido 17.5 billones de dólares en fondos federales para hacer frente al coronavirus, provenientes de las siguientes leyes:
El Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020, que se convirtió en la Ley 116-123 del 6 de marzo del 2020, incluyó un paquete de emergencia de 8.3 mil millones para combatir el COVID-19.
La ley incluía más de 4 mil millones de dólares para hacer más pruebas de diagnóstico disponibles, tratamientos, invertir en el desarrollo de una vacuna y proteger la integridad de equipos médicos manufacturados en el extranjero e identificar y prevenir su escasez; $2.2 mil millones de dólares para el CDC, incluyendo cerca de mil millones para esfuerzos de respuestas a nivel local y estatal; 20 millones de dólares para préstamos de asistencia por desastre para pequeños negocios y; 1.25 mil millones de dólares para el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
En la Ley de Respuesta al Coronavirus ‘Familias Primero’ (Families First Coronavirus Response Act, Ley Pública 116-127) firmada el 18 de marzo de 2020, la comisionada aseguró la asignación de fondos directos para la Isla: 100 millones de dólares, repartidos entre los territorios, para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); un aumento de 182.9 millones de dólares en los fondos de Medicaid; y un aumento de 76 por ciento a 82 por ciento en la aportación federal a Medicaid; entre otras partidas.
El H.R. 748, “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act” o “CARES Act” fue firmada el 27 de marzo de 2020 convirtiéndose en la Ley Pública 116-136. Esta medida incluye ayudas a individuos con el cheque directo de 1,200 dólares; a agricultores, a pequeños negocios con los programas PPP y EIDL, a estudiantes y centro educativos, desarrollo rural; desempleados, fondos para licencias en los trabajos, pago de pruebas, asistencia nutricional, centros de salud, seguridad, veteranos, viviendas; otros.
En la Resolución Continua convertida en la Ley Pública 116-159, la comisionada aseguró la inclusión del programa de asistencia nutricional Pandemic-EBT (P-EBT) para Puerto Rico beneficiando a 326,680 estudiantes de escuelas públicas y privadas que participan del Programa de Comedores Escolares y recibirán mensualmente $119 para atender sus necesidades de alimentación. A principios de la pandemia la comisionada instó a la entonces gobernadora Vázquez Garced a que mantuviera los comedores escolares abiertos para suplir comida a los menores que no tenían acceso o limitaciones a alimentos.
Logró el trato igual para Puerto Rico en todas esas leyes y ayudas, y ahora logró las asignaciones que llegarán con la nueva Ley Pública 117-2 “American Rescue Plan and Economic Aid Act” firmada por el presidente Biden a un año exacto de haberse declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Esta medida contiene la legislación impulsada por la comisionada residente que da acceso a padres con uno o dos hijos en Puerto Rico a los fondos por menor o Child Tax Credit (CTC) y que los trabajadores reciban un incentivo conocido como el Earn Income Tax Credit (EITC).
La medida expande el Crédito Tributario por Hijos para 2021 a 3,000 dólares por niño ($3,600 para niños menores de 6 años), incluyendo a los residentes de Puerto Rico. Para años subsiguientes, hace que el CTC sea aplicable para el primer y segundo hijo de residentes de Puerto Rico de la misma manera que aplica en el resto de la nación. Esto debería significar aproximadamente 5 mil millones de dólares en créditos reembolsables para los residentes de Puerto Rico durante los próximos 5 años. También hace aplicable a Puerto Rico el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo a partir de 2021 por hasta 600 millones de dólares al año.
Impulso a la manufactura
Desde antes de declarada la pandemia en marzo, ya en febrero del 2020 la comisionada comenzaba conversaciones con la Casa Blanca y el equipo económico del entonces presidente sobre iniciativas para asegurar la producción de suministros médicos trayéndolos de vuelta a casa y adelantar la manufactura en Puerto Rico. De esta forma preveía los retos de la accesibilidad a los productos de manufactures como medicamentos esenciales que podrían estar comprometidos en casos de emergencias como eventualmente ocurrió durante la pandemia.
Para marzo de 2020, expuso ante el Subcomité de defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de representantes federal abogando por expandir la presencia de la investigación e industria farmacéutica en Puerto Rico como un asunto de seguridad nacional.
Lideró conversaciones con el Gobierno de Puerto Rico y representantes de la industria manufacturera y farmacéutica en la Isla sobre legislación que presentaría en el Congreso. Envío cartas al liderato de la Cámara y el Senado federal con sus propuestas económicas para la Isla para mitigar los efectos del coronavirus, instando a promover la producción de productos médicos en la Isla y presentó legislación a tales efectos.
Al inicio de la nueva administración, la congresista le comunicó al presidente Biden la importancia de continuar con los esfuerzos de allegar más producción las manufactureras del extranjero al suelo americano.
