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Ante irregularidades en los contratos que el Departamento de Estado y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ofreció a la compañía XUVO Technologies, que ahora fue contratada por el Departamento de Salud para que maneje su plataforma digital la inspectora general, Ivelisse Torres reveló que a pesar de los hallazgos por la Oficina del Inspector General (OIG) la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) es la que prevalece.
La inspectora Torres comunicó que han identificado y publicado intervenciones que han hecho a la compañía tecnológica.
Algunas de las irregularidades que denunciaron son, “estábamos hablando de cláusulas mandatorias que carecían, por ejemplo, era un sistema que en aquel entonces también recuerdo que se estaba cobrando un costo que podría parecer excesivo, porque ya era una plataforma que había sido diseñada para otra entidad gubernamental, y se estaba básicamente facturando como una nueva plataforma. Y unas disposiciones legales en términos de que ese contrato había sido firmado también un 31 de diciembre al cierre del año, básicamente del ciclo de mandato de un gobernante en ese momento, porque fue en el 2020, si mal no recuerdo”.
Al momento, Torres dijo que si la JCF determina una idea contraria a la OIG la decisión de la Junta será la que prevalezca.
Explicó: “Así que en ese sentido, considerando que si ese organismo ya está pasando juicio sobre lo que es el contrato, la legalidad del contrato, y si cumple con las disposiciones que requiere el gobierno, pues lo prudente en estos momentos, y considerando que apenas en agosto ellos acaban de solicitar este contrato, pues es que al final del inspector general tendría que esperar a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal. Una vez la Junta concluya su determinación pues entonces examinaremos la misma y de ahí procederemos entonces si es necesario a continuar el proceso de evaluación de la oficina”.
