Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa retará determinación Junta de Planificación

La Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa en Rincón reaccionó el miércoles, a la determinación de la Junta de Planificación (JP), que ordenó la paralización de la construcción de una piscina en la zona marítimo-terrestre bajo el alegato de que no se fundamenta en derecho y que se hizo por “presión mediática”.

“Hoy hemos advenido en conocimiento de una resolución emitida por tres miembros asociados de la Junta de Planificación que ordena el cese y desista de la reconstrucción de nuestras facilidades recreativas afectadas por el huracán María en 2017. Lamentamos profundamente la determinación a la que llegaron estas tres personas, ya que es evidente que la misma no responde a derecho y sí a la presión mediática y de un pequeño grupo que se ha opuesto a la reconstrucción de nuestra propiedad”, reza un comunicado de la Junta de Titlares del referido Condominio.

“La determinación de la JP será retada en los foros correspondientes ya que ni siquiera hemos tenido la oportunidad a un debido proceso de ley para demostrar la legalidad de nuestros permisos. Además, resulta contradictorio que la propia Junta de Planificación por voz de su asesor legal establezca que quiere solicitar la revocación de unos permisos, que él mismo admite que son válidos. Hoy nos reafirmamos en que la obtención del permiso para reconstruir el área, siguió todos los parámetros de ley y reglamentos vigentes, tal y como lo reconoció el ORNA y la Oficina de Permisos”, añade el escrito.

“Como expresamos recientemente, la reconstrucción de nuestras facilidades estará en pausa mientras se dilucidan estos asuntos en los foros correspondientes.

Hemos sido víctimas inocentes de una brutal persecución selectiva por parte de personas que se dedican a desestabilizar los sistemas democráticos de ley y orden. No solo hemos sido víctimas del vandalismo, amenazas, persecución, abuso, difamación y privación de nuestra propiedad privada, sino que ahora también somos víctimas de una Junta de Planificación que distorsiona el estado de derecho vigente y pretende despojarnos de nuestro más elemental derecho al uso y disfrute de nuestra propiedad privada.  Nos sorprende la determinación equivocada de éstos tres (3) miembros de la JP, que aún no han sido confirmados por el Senado. Defenderemos nuestra propiedad, por la que hemos pagado durante 24 años con mucho trabajo y esfuerzo, en todos los foros a los que tengamos que acudir”, concluyó el comunicado.

La Junta de Planificación ordenó un cese y desista inmediato de las obras de construcción de las instalaciones recreativas que se lleva a cabo en el condominio Sol y Playa en Rincón.

Asimismo, mediante resolución, la agencia ordenó a su división legal evaluar todas las alternativas de acciones necesarias, incluyendo recurrir ante los tribunales, para tramitar la revocación del permiso que dio pie a los trabajos.

La determinación surge luego que los miembros de la Junta acogieran las recomendaciones desglosadas en el informe presentado por la Oficina de Auditoría de la agencia como parte de la investigación realizada a partir de la radicación de tres querellas que fueron consolidadas. Una de ellas presentada motu proprio por la agencia y otras dos radicadas por ciudadanos.

En la resolución también se ordena a la división legal a elevar el expediente de la Auditoría a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para la acción correspondiente en torno a las posibles faltas por parte del ingeniero proyectista.

“La Junta ha evaluado con detenimiento y rigor el expediente administrativo de este caso, incluyendo el informe con ocho hallazgos preparado por los auditores y se han tomado decisiones contundentes al respecto con la intención de remediar los múltiples incumplimientos que fueron detectados en este caso”, indicó el planificador Manuel Hidalgo, presidente designado de la Junta de Planificación en comunicación escrita.

Asimismo, Hidalgo destacó que “la agencia actuó con diligencia desde que surgieron las primeras denuncias con relación a esta construcción. De inmediato se dio paso a la radicación de una querella motu proprio, que es la que permite que se amplíe la investigación y se haga una auditoría de todos los procesos. Mientras se cumplía rigurosamente con lo requerido por los procesos administrativos, esta situación ha devenido en una controversia de alto interés público. La Junta, con su determinación, está iniciando los trámites conducentes a dirimir todos los aspectos que están a su alcance, que representan una parte sustancial, aunque no la totalidad, de los asuntos controvertibles de este caso”.

Múltiples los hallazgos del informe de auditoría

Las determinaciones desglosadas en la resolución de la Junta se basan en los hallazgos contenidos en el informe de auditoría, que fue presentado el 2 de agosto para evaluación de los miembros, luego de cumplir con el trámite de haber presentado un informe preliminar ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que esta agencia emitiera sus comentarios.

El informe de auditoría refleja que, a pesar de que se certificó el cumplimiento del proyecto como una exclusión categórica, este no cumplía con las disposiciones de la Resolución R-11-17 de la Junta de Calidad Ambiental ni con la Orden Administrativa 2020-17, vigentes al momento de la radicación del permiso de construcción consolidado. Además, el proyecto no cumple con las zonas de separación establecidas en la reglamentación vigente ni con las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 13 sobre Áreas Especiales de Riesgo e Inundación.

El informe hace constar que el proyecto tampoco cumple con lo dispuesto en el Reglamento 4860 del DRNA. Mientras que, con relación al permiso único incidental, este se había condicionado a que las obras fueran las mismas autorizadas por ARPE en su permiso aprobado inicialmente para la construcción del condominio. No obstante, al compararse ambos planos, se detectó que las obras propuestas no son las mismas que fueron aprobadas para el proyecto.  Finalmente, la división de auditoría señaló en su informe que la OGPe aprobó la solicitud de permiso de construcción consolidado sin contar con los documentos mínimos requeridos para el trámite según establecidos en la reglamentación vigente.

“Ante la cantidad y seriedad de los hallazgos encontrados por la Oficina de Auditorías, correspondía a la Junta tomar acciones inequívocas y contundentes haciendo el mejor uso de las facultades que le confieren las leyes a la agencia”, recalcó el presidente designado.