La Opfei evalúa uso de sobre un millón de dólares en fondos públicos a entidad sin fines de lucro para obras que no se construyeron

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) evalúa un referido que señala que no hay constancia de la utilización de más de $1.3 millones en fondos públicos que le fueron asignados a una entidad sin fines de lucro para proyectos de construcción que no se concretaron.

El exsecretario del Departamento de Agricultura Ramón González Beiró explicó que hizo un referido al Departamento de Justicia tras recibir información por parte de empleados de la Autoridad de Tierras (AT) sobre las asignaciones monetarias para los propósitos antes mencionados.

“Coincidió con el cambio en el que la Autoridad de Tierras tuvo que comenzar a enviar los proyectos de construcción una vez diseñados a la Administración de Servicios Generales para el proceso de subasta. Anteriormente, la propia Autoridad tenía una Junta de Subastas y se hacían internamente. Cuando eso ocurre, es que comenzamos a ver aumentar las asignaciones a entidades sin fines de lucro para realizar trabajos de construcción“, indicó González Beiró en entrevista para Damaris Suárez Ahora.

Ya para enero de 2022, el exsecretario se percató de que las entidades no contaban con los expedientes completos como para recibir los fondos. Los describió como vagos y sin las herramientas adecuadas para, eventualmente, dirigir un proceso de construcción pero también ser fiscalizadas por la labor para la cual les fue asignado el dinero.

“Y ahí nos encontramos, entonces, también con este contrato, esta transferencia de un $1,140,000, además de otras a esta entidad, que todo suma como 1.3 millones. Y entonces, de inmediato, hacemos referido a Justicia tanto de los funcionarios como de las entidades, no solo a esas, sino a otras más“, añadió.

Sobre los funcionarios, es el medio digital Noticel desde el cual se desprende que el exrepresentante Antonio ‘Tony’ Soto Torres y su consultor legislativo en ese entonces, José Miguel Huertas Torres, son parte de la investigación que dirige la Opfei, puesto que se desconoce cómo se utilizaron $1.2 millones en fondos presuntamente asignados por parte de la Comisión de Donativos Legislativos a una iglesia que se encargaría de la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo.

González Beiró denunció que el pastor de la iglesia afirmó que aunque la obra no se completó, contaba con el dinero, aunque nunca lo entregó tras múltiples órdenes del tribunal.

“De hecho, se le pide entonces los estados, porque este señor en la última vista dijo que la Junta se había disuelto, que los directores habían renunciado todos a la corporación y él estaba solo. Entonces, cuando lleva el estado bancario, resulta que la cuenta, lo que tenía eran cuatrocientos y pico de dólares, así que ahora yo diría que lo que procede es que Justicia, que es quien yo creo que tiene el poder de entrar en esa entidad y averiguar a dónde se emitieron los pagos, en qué fue que se usó el dinero y fijar responsabilidades“, agregó el exlíder de agencia al recordar que dichas partidas son posibles gracias a la ley que permite que los legisladores de distrito distribuyan dinero recogido del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en obras y mejoras permanentes.

Sobre el particular, el representante independentista Denis Márquez Lebrón señaló cuán terrible es la mal utilización del llamado barrilito por las posibilidades de que los legisladores administren y asignen el dinero como gusten.

Sobre el caso que maneja la Opfei, destacó que “es un conflicto de interés brutal. Pero yo creo que es importante aclarar, este no es el donativo legislativo clásico. […] El donativo legislativo que se le da a muchas entidades sin fines de lucro, unas malas y otras buenísimas, ese es el otro problema, es a través de una medida legislativa. Pero aquí no hay medida legislativa, es una carta de un legislador como si fuese un jefe de una agencia o un alcalde […] Ahí es donde radica la importancia de que las asignaciones de fondos sean por agencias públicas porque dependiendo de la agencia pública, dependiendo de la legislación, hay un peritaje para obra pública“.