El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, sostuvo que Puerto Rico cuenta con el personal, los activos y el conocimiento necesarios para devolver a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la operación de la red de transmisión y distribución, si culmina el contrato con LUMA Energy.
Durante una entrevista radial en Pega’os en la mañana con Milly Méndez, el líder sindical afirmó que sustituir a LUMA por otra compañía privada provocaría los mismos problemas que, a su juicio, ha enfrentado el sistema durante los pasados cinco años, entre ellos costos elevados, inestabilidad laboral y pérdida de conocimiento institucional.
“Volver a otro operador privado conllevaría el mismo fracaso que estamos viendo hoy”, expresó Figueroa Jaramillo. Las declaraciones surgen luego de que el Gobierno presentara ante el Tribunal Supremo sus argumentos para anular la extensión contractual que permite a LUMA continuar operando provisionalmente la red eléctrica. La petición también propone iniciar un proceso de transición de hasta 12 meses.
Figueroa Jaramillo argumentó que la operación pública podría representar un ahorro anual de aproximadamente $140 millones, equivalente —según sus cálculos— a cerca de un centavo por kilovatio-hora. Además, sostuvo que mantener la red bajo control gubernamental permitiría conservar el conocimiento técnico y ofrecer mayor estabilidad a los trabajadores.
Aunque reconoció que la AEE fue desmantelada tras la privatización de la operación del sistema, aseguró que todavía existen los recursos humanos necesarios para reconstruirla. Su propuesta incluye conservar a empleados de LUMA con experiencia técnica, reincorporar a más de 1,000 trabajadores de la AEE trasladados a otras agencias y permitir el regreso de personal jubilado dispuesto a colaborar durante la transición.
“Las piezas del rompecabezas están ahí”, señaló al insistir en que el proceso no ocurriría de un día para otro, sino durante el periodo de transición solicitado por el Gobierno.
El dirigente sindical aclaró que un eventual regreso a la AEE no debe representar una restauración del modelo anterior. Planteó que sería necesario reformar la gobernanza de la corporación pública para evitar la politización y los errores administrativos cometidos durante décadas.
“Lo que no es alternativa es negarnos la oportunidad de volver a un modelo más económico, con mayor certidumbre y que mantenga el conocimiento para el pueblo de Puerto Rico”, afirmó.
Figueroa Jaramillo también anticipó que surgirán campañas dirigidas a presentar la quiebra de la AEE como un impedimento para devolver el sistema a manos públicas. Sin embargo, recordó que otras compañías y entidades se han reorganizado mediante procesos de quiebra, por lo que entiende que ese argumento no debe utilizarse para descartar la alternativa.
Durante la entrevista, el presidente de la UTIER también cuestionó la gestión de Genera PR y aseguró que la capacidad disponible de generación se redujo de unos 3,832 megavatios en 2023 a menos de 3,200 megavatios. Mencionó como ejemplos la prolongada avería de una unidad en la central Aguirre y los retrasos en la instalación de generación temporera.
En cuanto a la controversia por el cancelado contrato con Power Expectations, Figueroa Jaramillo opinó que el desempeño público del llamado “zar de Energía”, Josué Colón, no fue el mejor y reclamó que se investigue cualquier posible contradicción, irregularidad o conflicto de intereses.
Asimismo, sostuvo que la exdirectora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, y la Junta de Gobierno de la corporación pública deben explicar el proceso mediante el cual se evaluó y autorizó el contrato. Aunque describió a Zapata como una persona seria y honesta, afirmó que debe informar si fue presionada o inducida a cometer algún error.
El líder sindical reclamó que las investigaciones estatales y federales produzcan resultados y que se determinen las responsabilidades de todos los funcionarios y organismos involucrados.
“Lo que no puede ocurrir es que esto se quede en el vacío. Tiene que haber consecuencias porque aquí no pueden muchos mirar hacia el lado; cada cual tiene un grado de responsabilidad”, concluyó.
Como parte del litigio ante el Tribunal Supremo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) solicitaron anular la extensión contractual que permite a LUMA Energy operar provisionalmente la red eléctrica e iniciar una transición de 12 meses. Expertos advirtieron que, si el tribunal invalida el acuerdo y no aparece otro operador privado —o las propuestas resultan demasiado costosas—, el Gobierno podría verse obligado a asumir nuevamente la transmisión y distribución de energía.
Aunque la AEE continúa siendo propietaria de los activos, actualmente cuenta con poco personal para retomar esas funciones, por lo que tendría que reconstruir su capacidad operacional. LUMA, por su parte, sostiene que el Gobierno impulsa el cambio sin presentar una alternativa viable y que la cancelación pondría en riesgo la estabilidad del servicio y la confianza en los acuerdos público-privados.
