Tras la decisión de la Jueza Swain de enviar los casos de vuelta a los tribunales locales, LUMA presentó hoy sus reclamaciones y contrademanda a las demandas radicadas por el Gobierno en las que utilizan su poder para, de manera ilegal, intentar cumplir con una promesa de campaña, sin importar las consecuencias que sufrirá el pueblo de Puerto Rico.
La administración, en su empedernido afán de ganar las elecciones han actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público. El Gobierno insiste en utilizar fondos públicos para, con argumentos frívolos y absolutamente carentes de mérito, actuar hoy en contra de sus propias decisiones cuando extendió el contrato suplementario de LUMA, un documento presentado por el mismo gobierno a LUMA como legal y vigente, en el 2022. Esto a sabiendas de que la cancelación del acuerdo le costará al pueblo al menos $4,500 millones en daños y costos operacionales. Este tipo de acciones, motivadas políticamente, fue en parte lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra.
Como ya ha advertido la Junta de Supervisión Fiscal y otras partes en la quiebra federal de la AEE, la terminación del contrato con LUMA causaría caos en Puerto Rico y comprometería la operación del sistema eléctrico, a su vez poniendo en peligro el acceso a fondos federales. La obstinación del Gobierno en continuar con un pleito sin sentido no solo coloca en inminente riesgo a nuestros clientes, el pueblo de Puerto Rico, sino que pone en entredicho la credibilidad de esta administración ante el sector privado global. No puede existir crecimiento ni desarrollo económico si empresas que hacen negocios en la Isla son convertidas en daño colateral de una guerra político-partidista que afecta los principios más básicos de la contratación gubernamental.
Los sobre 4,000 puertorriqueños de LUMA han levantado la red eléctrica contra viento y marea por los pasados cinco años. Mientras tanto el Gobierno no ha presentado alternativa alguna para dar continuidad a la operación y mantenimiento de forma segura al maltrecho sistema de transmisión y distribución. Llevaremos esta batalla legal para defender a nuestros casi 1.5 millones de clientes mientras seguimos enfocados en transformar el sistema eléctrico.
