La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que Mayagüez no tomó las medidas administrativas suficientes para evitar y reducir los déficits acumulados en el Fondo Operacional y no consignaron en los presupuestos los déficits corrientes. El déficit de 4.4 millones de dólares registrado en el 2015, aumentó a 8.1 millones de dólares en el 2016 y a 23 millones de dólares en el 2017, esta última cifra representaba el 32 por ciento del total del presupuesto.
En perjuicio del Municipio, tampoco consideraron en los presupuestos, los ingresos basados en la experiencia de cobro de años anteriores ni los ingresos certificados en el single audit más reciente, según requiere la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos. De este modo, del 2014 al 2017, Municipio sobreestimó los ingresos en 6.3, 13.4, 13.7 y 12.8 millones de dólares respectivamente (ver Anejo 1 del Informe). Estas situaciones se atribuyen a que, los gerentes de Finanzas y Presupuesto, el alcalde y la Legislatura Municipal, se apartaron de las disposiciones de ley y reglamentación y no administraron de forma eficiente las finanzas.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se efectuó un pago indebido de 51,250 dólares a un contratista por servicios no realizados.
“Nuestros auditores no localizaron ni los funcionarios suministraron ningún plan de trabajo de la compañía contratada para la coordinación de un Primer Festival de Tesoros del Patrimonio Cultural de Mayagüez. Tampoco se encontró información sobre la contratación de artistas, promoción y diseños gráficos de la actividad contratada. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-13-35 del 2013”, opinó la contralora Yesmín Valdivieso en comunicación escrita.
El Municipio acumuló deudas ascendentes a 12.1 millones de dólares con proveedores privados y entidades gubernamentales como los Sistemas de Retiro, Hacienda, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros. Para pagar las deudas obtuvo tres préstamos del Banco Gubernamental de Fomento por 12.1 millones de dólares con recargos de 50,247 dólares en mayo de 2012. Además, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le impuso 16,168 dólares en intereses y recargos por pagar tarde el seguro de desempleo.
El Informe devela que el Municipio gastó 672,675 dólares en un edificio para oficinas administrativas y área de estacionamiento que no han sido utilizados. El interior de la construcción estaba deteriorado debido a las filtraciones. Esta situación, que se atribuye a la falta de planificación del alcalde, lleva a tener que utilizar recursos adicionales para reparar los daños a la estructura.
La auditoría comenta que el Municipio no ha cobrado 166,200 dólares del arrendamiento del estacionamiento municipal ni de la Gallera la Candelaria. Además, 514 empleados han trabajado bajo la clasificación de transitorios, por periodos de hasta 41 años. La ley vigente dispone que dichos nombramientos no pueden exceder el año, a excepción de las personas en proyectos especiales.
El Municipio tenía 33 demandas civiles pendientes de resolución por 20.4 millones de dólares. Las demandas eran por concepto de daños y perjuicios, cobro de dinero, acción civil y despido injustificado.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
