El fiscal Rodney Ríos comunicó en RADIO ISLA que la mujer que se negó a seguir la orden ejecutiva en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín podía impugnar en el tribunal, pero que no lo ha hecho tras haber sido citada dos veces.
“El Artículo 4 de la Constitución establece la autoridad que tiene el gobernador, una serie de poderes que tiene el Gobernador. Entre ellos, tanto el poder legislativo como el Gobernador pueden establecer órdenes administrativas [que] tienen la responsabilidad constitucional de salvaguardar el orden público, proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos. No sólo eso, sino bajo la misma ley del Departamento de Salud, la ley orgánica establece la capacidad para que se establezcan mecanismos de supervisión para proteger la supervisión del ciudadano. Ante la situación del COVID y la necesidad de mantener un monitoreo de las personas que llegan a la isla y evitar y mantener un conocimiento de posibles contagios, se crea la orden administrativa bajo los poderes que ya le dije donde se establece unos puntos de cotejo donde deben dar una información. Esta señora se negó a reconocer la autoridad de los funcionarios del Departamento de Salud y de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública para intervenir con ella. Ella tiene derecho a poder impugnar esa autoridad, pero no en la forma en que ella lo hizo. Puedes ir hasta los tribunales”, explicó el fiscal.
El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró el martes, causa para arresto en ausencia contra una pareja que se negó a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.
Zulma Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, enfrentan un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al supuestamente impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.
Particularmente, la pareja se negó a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. Por lo que el Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia.
La fiscal indicó que ambos podrían ser penalizados con una multa o hasta 6 meses de prisión. La pareja, que llegó a Puerto Rico junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación del COVID-19.
Al pasar al área de inspección, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros. “Los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que le asistiría a cumplimentar la referida declaración. Sin embargo, la señora Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la Orden Ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de COVID-19 y su identificación”, relató la fiscal.
Mientras ocurrieron los hechos, la imputada se mantuvo grabando el proceso con su teléfono celular. Luego de esto, abandonó el aeropuerto junto a su esposo e hijos sin proveer la información solicitada por los funcionarios para cumplir con la obligación establecida en la Orden Ejecutiva.
“La Orden Ejecutiva contra el COVID-19 tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos. Su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico. Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y tenemos que colaborar”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La investigación se llevó a cabo con el apoyo de la supervisora de inspectores de la Oficina Investigaciones Departamento de Salud, Moraima Cruz Delgado.
