La senadora popular Rossana López León, denunció que una de las empresas implicadas en el posible monopolio en las navieras de San Juan, Crowley Maritime, ya resultó convicta a nivel federal por el delito de ‘price fixing’, donde se alega que existe un acuerdo con otras empresas para subir los precios de manera arbitraria para obligar al consumidor a pagar más.
López León recordó que “Crowley, junto a la recientemente incorporada Puerto Rico Terminals (unión de Tote Maritime y Luis Ayala Colón), representan el 80% del negocio del muelle de San Juan y esa es una amenaza monumental para toda la economía de Puerto Rico.
“El pueblo tiene que estar claro de esta realidad: estamos bajo asedio de esos grandes intereses, con el auspicio de la actual administración del gobierno, porque cuando pudo oponerse ante la Comisión Marítima Federal, guardó silencio cómplice”, detalló la legisladora por acumulación.
Según la también candidata a la alcaldía de San Juan, para agosto del 2012, la corporación Crowley Maritime, al ser descubierta en sus actos criminales, no tuvo más remedio que cooperar con las autoridades federales, proveyendo acceso a empleados y documentos confidenciales como parte de un extenso y complicado caso federal sobre su participación activa en la conspiración con otras navieras para fijar ilegalmente las tarifas de carga marítima en la Isla.
Informes de prensa de aquella época señalan que Crowley, antes de admitir culpa por su papel en el esquema ilegal monopolístico imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 15 de enero de 2010 suscribió a través de sus abogados, un acuerdo de transacción en la demanda de clase donse se comprometió a pagar $13,750,000 y colaborar con la investigación federal.
“El fraude contra el pueblo de Puerto Rico fue tan monumental, que el valor total real de los acuerdos fue de $65,850,000, dividido en dos partidas: $52,250,000 en efectivo y $13,600,000 por la opción de congelación de tarifa básica para los miembros de la clase demandante. Otra de las empresas implicadas, Sea Star, fue luego adquirida por Tote Maritime”, indicó.
“Si estas empresas conspiraron en el pasado para monopolizar los costos de carga y provocar una subida de precios en prácticamente todos los productos que se consumen en Puerto Rico, nadie razonablemente puede esperar algo bueno de la intención de monopolizar el servicio de carga en el muelle de San Juan”, añadió López León.
Importantes sectores de la empresa privada, como el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Importadores y Distribuidores de Alimentos (MIDA) también están en contra del monopolio en el muelle de San Juan.
