Decenas de terapistas que atienden a estudiantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) continúan a la espera de recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos desde hace, al menos dos meses, mientras catalogan como insostenible el atropello que implica vivir sin devengar su sueldo.
Ese es el caso de Dana Rivera Cortés, quien desde hace 16 años funge como terapeuta del habla y lenguaje. Según la profesional, año tras año el panorama es similar, pero en esta ocasión la corporación para la cual trabaja se ha afectado desde el pasado mes de marzo, cuando se detuvieron los pagos.
“Todos los años estamos con la incertidumbre, pues tenemos familias, que ya no dan abasto. Tengo mi esposo que también trabaja, pero realmente no es justo ni es algo que se debe hacer porque nosotros estudiamos para estamos, nosotros trabajamos para esto, nosotros seguimos ofreciéndole el servicio al niño de terapia“, indicó en entrevista para Pega’os en la Mañana.
Para Rivera Cortés la preocupación es mayor, puesto que el trabajo continuará durante la época de verano y no solo se trata de los servicios de habla y lenguaje, sino de terapias físicas y ocupacionales.
“Aún así no nos paguen, nosotros seguimos ofreciendo el servicio, pero ya es insostenible la situación de que mira, no vamos a poder en algún momento dado seguir ofreciendo los servicios porque nosotros mismos no podemos pagar nuestras deudas, tenemos hijos. Yo tengo hijos y no podemos“, añadió.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE), Ruth Concepción, explicó que el DE aún se encuentra identificando partidas del Fondo General para costear los $12 millones que hacen falta para cubrir el pago de al menos 56 corporaciones que agrupa la APPSSRE.
Previamente los servicios se cubrían con fondos federales no recurrentes (por la pandemia de COVID-19) que no existen.
Asimismo, explicó que el método bajo el cual los terapistas ofrecen sus servicios responde a un plan correctivo del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, bajo el cual se determina que el DE no se encuentra con la capacidad para ofrecer los servicios, por lo cual se ve obligado a que se busquen los servicios dentro del sector privado.
“Nuestros servicios no necesariamente se costean con fondos de lo que sería del Programa de Educación Especial, sino que la responsabilidad vendría entonces siendo parte del fondo estatal“, detalló.
Según Concepción, dependerá de la situación fiscal de cada corporación determinar hasta cuándo podrán ofrecer sus servicios.
