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No le sorprende a Miguel Romero fallo a favor del municipio en demanda de CODEPOLA

El alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, reaccionó al fallo a favor del municipio de San Juan con relación a la demanda de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) en contra de lo que la organización cataloga como “puntos de cotejo para el registro irrazonable de toda persona que interese obtener acceso a través del uso de trasportación pública y/o provista por el Municipio de San Juan con fondos públicos”.

“No me sorprende el resultado”, respondió Romero Lugo. El alcalde puntualizó que la prioridad durante las fiestas de la calle San Sebastián es la seguridad de los que asistan a las actividades durante el fin de semana.

El presidente de la CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, confirmó el miércoles que el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia, citó a las partes para una vista mañana a las 10:00 de la mañana para comparecer vía Zoom.

CODEPOLA solicitó al Tribunal que declare que el registro en las Fiestas de la Calle San Sebastián sin orden de ciudadanos que utilicen transportación pública provista por la parte demandada constituye una actuación irrazonable e inconstitucional, que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como el Articulo II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, que prohíbe registros sin orden.

En la demanda, el codemandante Torres Meléndez reclama que “se verá imposibilitado de utilizar el sistema de transportación pública provisto por el Municipio de San Juan, sin que se viole su derecho constitucional contra registros irrazonables y además, su derecho fundamental/constitucional a poseer y portar su arma de fuego autoriza la ley, y en consecuencia, además, su derecho a libertad de asociación y expresión se verá irrazonablemente afectado, con la negativa de los demandados en proveerle acceso a transportación pública para poder acceder a los espacios público del Viejo San Juan”.

“Sin lugar a duda, el registro ilegal provoca un daño inmediato y palpable e irreparable para miles de ciudadanos cuyos derechos constitucionales y civiles se verán afectados adversamente, esto a pesar de que la parte demandada tiene otras formas menos onerosas de velar por la seguridad. Situación que es susceptible de repetición”, lee la demanda.

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