OIG somete querella contra administrador de ADEA tras negarse a entregar información sobre mal manejo de subsidios para agricultores
El administrador de ADEA se expone a $5 mil por cada infracción probada en el caso
La Oficina del Inspector General (OIG) radicó una querella contra el administrador de la Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA) por negarse a entregar información sobre el mal manejo de subsidios agrícolas otorgados a agricultores de la región de Utuado, confirmó en Dígame la Verdad la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
Torres Rivera explicó que en una muestra en la que auditores de la OIG evaluaron 736 subsidios entregados, 149 no cumplieron con los controles fiscales y administrativos respecto a los requisitos de solicitud. Lo anterior equivale a un total de $300 mil en incentivos que no correspondían para el desembolso.
“También se identificó que hubo unos agricultores que sí solicitaron los beneficios, (y) que, de alguna manera, pues, se validó que completaron los documentos, pero no se proveyó respuesta sobre por qué a esos no se les otorgó el subsidio salarial”, explicó la inspectora.
Según Torres Rivera, “hubo múltiples intentos” para obtener la información financiera por parte del Departamento de Agricultura sobre los procesos, pero no fue provista.
“Por eso, entonces, se inició otro proceso independiente, mediante un referido, al área de Querellas e Investigaciones, quien validó parte de esos hallazgos y se radicó una querella contra el funcionario principal de la ADEA a los fines de que, entonces, un foro administrativo determine si procede o no la imposición de sanciones”, añadió.
La falta de organización y disponibilidad de documentos imperan en el caso, en el cual también se evidencia una presunta falta de cumplimiento con la Ley de Contabilidad del Gobierno, aparte de la falta para justificar por qué no se les otorgaron los incentivos a quienes cumplían con las disposiciones para recibir los fondos.
“Los investigadores y los recursos legales de la Oficina del Inspector General validan los hallazgos y los incumplimientos, y ahora se presenta ante un juez administrativo, que es una figura imparcial en el proceso que evalúa toda la prueba documental”, indicó Torres Rivera.
El administrador de la ADEA se expone a $5 mil por cada infracción que se pruebe del caso.
Para someter querellas ante la OIG sobre irregularidades o mal manejo de fondos públicos, entre otros, puede comunicarse al 787-679-7979 o visitar oig.pr.gov. De ser solicitado, se le atenderá bajo total confidencialidad, finalizó Torres Rivera.
