El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, se reunió con más de 30 alcaldes y alcaldesas miembros de la Asociación de Alcaldes para presentar un resumen de su trabajo y los fondos federales asegurados durante su primer año en el Congreso.
La reunión, celebrada en el Municipio de Trujillo Alto, sirvió como espacio de diálogo estratégico sobre cómo alinear prioridades municipales con oportunidades federales y sobre los retos estructurales que enfrentan los municipios en el contexto fiscal actual.
“Mi prioridad como comisionado residente es que el éxito que hemos logrado en Washington, como la histórica extensión del reembolso del arbitrio del ron y las millonarias asignaciones para infraestructura, se traduzca en resultados directos para los municipios. El país nos eligió para gobernar y resolver sus problemas, y nos exige un enfoque quirúrgico en sus prioridades”, reiteró Hernández Rivera.
Durante una reunión oficial de trabajo con los ejecutivos y ejecutivas municipales, el comisionado residente repasó las siguientes asignaciones federales:
Más de $80 millones para proyectos de infraestructura militar en Puerto Rico, incluyendo Punta Borinquen (Escuela Ramey Unit) y Camp Santiago.
$39 millones para Mayagüez y San Germán destinados a la reparación de carreteras, puentes y sistemas de drenaje dañados por los huracanes María y Fiona.
$24.1 millones de FEMA para la reconstrucción permanente del Complejo Multideportivo Fernando Sanabria en Rincón tras el huracán María.
$6.9 millones para reparar carreteras y fortalecer infraestructura en Orocovis, Corozal, Coamo y Jayuya.
Más de $5.2 millones para el Municipio de San Juan y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), destinados a fortalecer servicios de salud pública.
$5 millones para el Municipio de Isabela para fortalecer el reciclaje .
$4.3 millones para reconstruir el Camino Esmeraldo Justiniano en Maricao.
Más de $3.4 millones para la recuperación vial y remoción de escombros en Guayanilla y San Lorenzo tras el huracán Fiona.
$1.5 millones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para Orocovis, Toa Alta y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat para evaluaciones ambientales y revitalización comunitaria.
Además, como parte de los esfuerzos por llevar soluciones a cada rincón, sometieron —bajo el proceso de Community Project Funding— una serie de propuestas enfocadas en seguridad, vivienda, desarrollo económico y preparación ante emergencias. Hasta el momento, una de ellas ha sido aprobada e incluida en ley y se detallan a continuación:
$80 mil para Hatillo para equipar un centro de salud rural y asegurar continuidad de servicios médicos durante desastres. [Aprobado y firmado en ley]
Las siguientes propuestas continúan pendientes de aprobación en el Congreso:
$112 mil para Cabo Rojo: compra de vehículos para reforzar la seguridad pública.
$514 mil para Juana Díaz: sistema de vigilancia para mejorar la respuesta policíaca.
$2 millones para Ponce: mejoras al YMCA para ampliar servicios comunitarios.
$1.2 millones para Isabela: centro de apoyo a nuevos negocios agrícolas.
$1 millón para Barceloneta: vivienda para adultos mayores de bajos ingresos.
$850 mil para Manatí: rehabilitación de propiedades para alquiler asequible.
$850 mil para San Sebastián: centro de apoyo técnico y empresarial para pequeños negocios.
“Cada uno de estos proyectos responde a necesidades reales identificadas por los municipios. Seguiremos gestionando su aprobación con firmeza, porque cada dólar peleado en el Congreso es una inversión directa en el bienestar de nuestra gente”, se indicó en declaraciones escritas.
Asimismo, el comisionado residente destacó el SATOS Act, un proyecto de ley para establecer subvenciones y préstamos federales dirigidos a mejorar refugios de animales en zonas rurales, en respuesta a necesidades planteadas por municipios como Corozal y Guayama.
Durante la reunión el comisionado compartió oportunidades de subvenciones federales vigentes y próximas a abrir convocatoria en áreas como infraestructura de transporte, remediación ambiental, desarrollo económico, servicios legales a adultos mayores y prevención del uso de sustancias en jóvenes.
“Este encuentro de hoy ha sido muy productivo en términos de reafirmar el compromiso de nuestro comisionado residente con la causa de los municipios. Ha sido un año de establecer la ruta, aunar esfuerzos y proyectarnos al resto del cuatrienio. Nuestra Asociación reúne a la mayoría de los municipios de Puerto Rico y somos el sector gubernamental que más cerca está de las comunidades, no solo en las emergencias, sino todo el año. Estamos complacidos con tener en Pablo José Hernández Rivera un gran aliado en la capital federal para todos los puertorriqueños” manifestó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge “Georgie” González.
En declaraciones descritas se indicó que desde enero el comisionado residente ha visitado más de 40 municipios en su primer año, reuniéndose con alcaldes, alcaldesas y comunidades para conocer directamente las prioridades locales. Estas visitas han sido clave para articular propuestas de legislación, identificar oportunidades de fondos federales y asegurar que cada región tenga representación efectiva en Washington.
Hasta la fecha, la oficina del comisionado residente ha presentado 21 proyectos de ley originales, ha coauspiciado 148 medidas y ha logrado 8 proyectos comunitarios para municipios.
Finalmente, Hernández Rivera se comprometió a continuar trabajando junto a los alcaldes y alcaldesas del país para garantizar que los fondos federales se traduzcan en resultados para las comunidades.
Además, se informó que la Oficina del Comisionado continuará ofreciendo asistencia técnica y orientación para facilitar el acceso de los municipios a los diversos programas y convocatorias federales.
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