Personas trans sufren el desastre de María desde la marginación

Por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

A Karina Torres la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) le dijo que las pérdidas en su casa por la inundación no eran suficientemente graves. Angeline “Beba” Marrero no cualificó para un cheque de ayuda inmediata de FEMA y tuvo que esperar hasta ocho meses para que le pusieran un toldo al techo de su residencia. Nunca le dijeron por qué. A Ivana Fred Millán le devolvieron su solicitud en varias ocasiones y la asistencia se tardó siete meses en llegar. Elliot Cruz Morales, sencillamente, no acudió a buscar ayuda por no confrontar prejuicios.

“No fui directamente por el mismo miedo, porque yo dije: ‘diantre, esto va a ser un proceso, me van a estar preguntando por qué yo me llamo así, si me veo así’”, recuerda Elliot, quien perdió todas sus pertenencias luego de que la casa en la que vivía en Vega Baja fuera destrozada por el huracán María en 2017.

Dos años después del ciclón, ni FEMA ni el Gobierno de Puerto Rico han corregido de forma efectiva los procesos para suplir las necesidades de este sector, como la distribución de hormonas para evitar interrumpir sus tratamientos, los protocolos de denuncia y penalidades de discrimen en los refugios durante emergencias o el acceso oportuno a alimentos y vivienda temporera, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos — que el Gobierno hizo público cuando el huracán Dorian amenazó a Puerto Rico — tampoco menciona nada sobre la población trans ni la comunidad LGBTQ. Además, el Consejo Asesor de Asuntos LGBTT de La Fortaleza — creado en julio de 2017 por Orden Ejecutiva — no llevó estas preocupaciones ante el entonces primer ejecutivo Ricardo Rosselló, confirmaron al CPI tres exintegrantes del Consejo.

Alberto Valentín, director ejecutivo del Consejo, justificó que luego del huracán no se llevaron los reclamos de las personas trans ante Rosselló, debido a que el ente “apenas tenía uno o dos meses de creado” cuando pasó María.

“Para esa fecha [el Consejo] aún no tenía a todos sus miembros nombrados. En otras palabras, apenas existíamos y el huracán retrasó todo. Pudimos realmente ponernos en ‘track’ luego de varios meses”, explicó. Aceptó que dos años después del evento atmosférico el Consejo tampoco ha trabajado ningún protocolo para atender a la población trans luego de un desastre, pero refirió los detalles sobre este asunto a la presidenta del ente, Johanne Vélez, quien refirió   las preguntas del CPI a La Fortaleza, que nunca contestó la solicitud .

De las 1,122,620 solicitudes de ayuda que ha recibido FEMA a través del programa de Asistencia Individual (IA) después del huracán en 2017, 21,665 fueron denegadas debido a problemas de verificación de identidad, tales como el nombre mal escrito, el uso del nombre de casada que no ha sido cambiado en el seguro social, falta de inicial, número de seguro social mal escrito, o respuestas incorrectas a preguntas de verificación de identidad en el momento del registro automático en la página de Internet.

Al 15 de agosto de 2019, solo 10,518 casos fueron apelados y resueltos, según Juan Andrés Muñoz Torres, director de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA. El resto no recibió ninguna asistencia de FEMA luego del María, debido a problemas con sus identificaciones.

En la Clínica Transalud de San Juan — el único proveedor público que ofrece servicios a esta población — atendieron a seis personas trans a quienes les fue denegada la ayuda por incongruencia en sus identificaciones, según cartas de denegatoria enviadas por FEMA, explicó el director de programa, Pedro Julio Serrano. Añadió que el municipio intervino directamente con FEMA y finalmente la agencia tramitó la asistencia para estas personas.

No obstante, una encuesta realizada por la Coalición de Coaliciones y el SEXTeam del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, entre febrero y marzo de 2018, reveló que al menos 14 personas trans no recibieron ayuda de FEMA en Puerto Rico. El estudio buscó conocer el estado de las viviendas y las ayudas inmediatas que recibieron personas de la comunidad LGBTQ por parte de agencias federales y locales. La encuesta halló que la razón principal mencionada para que se les negaran servicios fue “no tener daños o evidencia suficiente de los daños ocasionados por el huracán”. En el estudio participaron 567 personas, de las que 35 se identificaron como transexual, transgénero o género no binario — es decir, que no se identifica como hombre o como mujer. De las personas trans que participaron en la encuesta, el 53.7% reportó daños en su lugar de vivienda como resultado del impacto del huracán.

“Vivimos mucho rechazo, porque las ayudas estaban, pero nos ponían en listas. No se les daba seguimiento o, quizás, personas que vivían en la misma vecindad, se podía ver diferencia con los vecinos que sí les ponían el toldo, pero a ellas no”, comentó Kimberly Vázquez, mujer trans que trabaja como manejadora de casos en la Clínica Translucent del Centro Ararat, en San Juan.

Rechazo por falta de cambios en identificaciones

En noviembre de 2017, la activista en pro de los derechos para las personas trans Ivana Fred Millán denunció que FEMA le había negado ayuda financiera a por lo menos siete mujeres trans debido a la incongruencia entre el nombre en sus identificaciones y su expresión de género, es decir, su físico.

“Yo serví a muchas [personas trans] diciéndoles que siguieran llamando, y a mí me daba hasta pena, porque, en muchos de los casos, eran personas mayores que ni siquiera tenían acceso a una computadora y mucho menos sabían cómo usarla para darle seguimiento a las denegaciones. Todo por el mero hecho de proyectar una cosa en su físico y otra en el nombre legal [en los documentos]”, explicó Fred Millán.

De acuerdo con el portavoz de FEMA, cuando la agencia federal recibe una solicitud vía Internet, verifica la identidad del solicitante.

“Si FEMA no puede verificar la identidad de un solicitante a través de la búsqueda automatizada de registros públicos o el solicitante responde incorrectamente a las preguntas — por ejemplo el número de seguro social presentado no es compatible con el nombre completo —, el solicitante deberá presentar documentación adicional para verificar la identidad”, explicó el funcionario.

Si se hizo el cambio de nombre y género, pero faltó hacer la modificación en algún documento público, esto puede resultar en que se le niegue la ayuda por la incongruencia. Ese fue el caso que experimentó Fred Millán, que debido a un solo documento que no había sido cambiado, le negaron la asistencia durante siete meses.

La activista explicó que hubo casos en los que personas trans que no habían hecho los cambios en las identificaciones colocaban el nombre que aparecían en sus documentos legales y la solicitud en Internet progresaba. No obstante, relató que una vez los funcionarios de FEMA acudían a las visitas de inspección y se encontraban que la persona tenía un físico diferente al género en las identificaciones, no se daba la ayuda.

En abril de 2018, la jueza Carmen Consuelo Vargas del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que las personas trans podían corregir sus actas de nacimientos. En julio de ese año, el Registro Demográfico dio paso a los cambios de nombres e identificación de género en estas actas. No obstante, de acuerdo con el abogado Luis Conti Rivera, presidente del Colectivo Orgullo Arcoiris, a pesar de este avance, todavía una gran parte de las personas trans no ha hecho los cambios requeridos en todas sus identificaciones — pasaporte, licencia de conducir, tarjeta electoral, seguro social, entre otras — debido, en parte, a los costos del proceso, que pueden oscilar entre los $500 y $1,000, así como las gestiones y documentos que se requieren. Esto, según Conti Rivera, mantiene igual de vulnerables a las personas trans que busquen asistencia luego de algún evento atmosférico.

Actualmente, varias organizaciones ofrecen servicios legales gratuitos a quienes busquen reafirmar sus nombres y géneros en sus identificaciones; solo pagan aproximadamente $80 por los sellos. Varias de las personas entrevistadas coincidieron en que quienes no llegan hasta estas ayudas suelen pagar entre $500 y hasta $3,000 por todos los trámites que conlleva hacer estos cambios.

“Si lo fueras a hacer individual, [el cambio de nombre en los documentos], te saldría fácil como en $1,000 o $1,500. Hay personas que han pagado $3,000, porque también hay que ver que cuando se cambia el nombre, también hay que hacer una revisión de antecedentes penales y si los tienes, hay que corregirlos. Eso conlleva unos gastos adicionales”, explicó Larry Zayas Rivera, coordinador de servicios clínicos en la clínica Translucent.

El trámite puede incrementar si antes de hacer los cambios en las identificaciones la persona se acogió a la ley de quiebra. Esto, dijo Zayas Rivera, conlleva buscar documentos de negativas de deudas en agencias públicas, como el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), entre otras.

Problemas con las identificaciones se extendieron a los refugios

No contar con el cambio en las identificaciones también tuvo implicaciones para algunas personas trans que acudieron a alguno de los 256 refugios disponibles en Puerto Rico tras el huracán de 2017.

Alexander Santiago Cordero, un joven trans de 25 años y líder del equipo de la clínica Transtanamá en San Juan, dijo que varios conocidos reportaron discrimen en los refugios. Mencionó que el personal en los refugios ubicó a las personas en las secciones de hombres o mujeres solo tomando en cuenta los nombres y el género en las identificaciones. Francisco Rodríguez, director ejecutivo de la Coalición de Coaliciones, observó casos similares en refugios en Ponce, donde “se violentaban los derechos de las personas trans debido a las incongruencias entre sus identificaciones y sus expresiones físicas”.

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