La Red de Albergues de Violencia de Género levantó bandera sobre una medida que busca que establecer albergues como alianzas público privadas, en una movida en la que, advierten, no se considera la accesibilidad de servicios, como lo es la vivienda, a las víctimas.
El proyecto de administración 215-A, discutido en la cámara alta como el Proyecto del Senado 430 y en la cámara baja como el Proyecto de la Cámara 415, enmendaría la Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) del 2009 al promover la construcción de nuevos albergues.
No obstante, según la presidenta de la Red, Coraly León, la ley de las APP está pensada para generar algún tipo de ganancia, por lo que no responde a la verdadera encomienda de estas entidades.
“La ganancia que se genera con los albergues es una ganancia social. Es las vidas que se salvan. Son las vidas que se protegen, […] así no se genera una ganancia económica. Nosotras tenemos varias preocupaciones, incluyendo el que si se establece una alianza público privada y hay un interés de lucro de parte de ese partner que entre en la alianza público privada, si se pretende, por ejemplo, intentar cobrar servicios que deben ser accesibles a todas las personas y que, actualmente, no se cobran. Son libres de costos, precisamente, para que todas las sobrevivientes de violencia doméstica tengan el acceso necesario en su momento más crítico y de mayor vulnerabilidad“, aseguró León en Pega’os en la Mañana al añadir que no han sido consultadas sobre el proyecto.
Uno de los servicios sobre el cual han llamado la atención es el de la vivienda, que está sumamente limitada para víctimas que apenas cuentan con recursos económicos.
Por otra parte, León negó que, tal como dice el proyecto, los albergues no cuenten con la capacidad administrativas. Actualmente, la Red de Albergues agrupa al Hogar Ruth, la Casa Protegida Julia de Burgos I y II, la Casa de la Bondad, la Casa de Todos, el Hogar Nueva Mujer, el Hogar La Piedad y CAPROMUNI I y II, algunos de los cuales llevan hasta cuatro décadas en operación.
Al momento, la Red ya envió una carta tanto a la gobernadora Jenniffer González Colón como a los miembros de la legislatura, en la cual listan sus preocupaciones y recomendaciones.
“Estamos planteándoles que el proyecto sea enmendado para que en vez de que se desarrollen albergues, se desarrolle vivienda asequible para víctimas y sobrevivientes, que es una necesidad real en estos momentos por el asunto de la gentrificación que ha vivido nuestro país”, añadió.
Y a pesar de no haber sido convocadas, las directoras de los albergues que componen la Red asistirán a una vista pública en la Cámara de Representantes, a las 9 a.m. Según León, fue el representante novoprogresista quien las reunió para conversar previo a las vistas, que inicialmente estaban pautadas para mayo.
