La psicóloga y sexóloga, Alice Pérez, afirmó tanto ayer en El Calentón con Sonia Valentín y hoy en Pega’os en la mañana con Milly Méndez que la educación sexual a niños y adolescentes es importante.
Sus expresiones se dan ante el proyecto firmado por Jenniffer González.
“Nosotros somos seres sexuales desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo es posible que no queramos que las personas aprendan y entiendan de todos los cambios y todos los procesos que ocurren dentro del proceso de la sexualidad humana? Eso es importante. Es un tema que nos ha traído el tabú de ese tema”, Pérez puntualiza.
Entre los problemas que trae ignorancia sobre este tema, Pérez incluye embarazos adolescentes, complicaciones menstruales, vigilar varios componentes relacionados, ovarios poliquísticos, procesos sexuales varoniles como la eyaculación (que Pérez establece que muchos varones desconocen), la importancia del consentimiento, entre otros.
Ante esto, la experta en salud mental se manifiesta preocupada ante la censura educativa sexual estudiantil.
El Proyecto del Senado 2, firmado recientemente por la gobernadora Jenniffer González, otorga a los padres, madres y tutores del sistema público de educación el derecho a objetar temas relacionados con la sexualidad y la afectividad que se enseñen en las escuelas. La nueva ley, conocida como Ley 89-2025, obliga al Departamento de Educación a notificar de manera oportuna a las familias sobre cualquier curso, charla o evento relacionado con estos temas.
Además, permite que los padres presenten objeciones sobre el contenido y soliciten evaluaciones alternativas en caso de que el material objetado sea parte del currículo requerido para aprobar un curso.
La ley también establece que, si el Departamento de Educación no actúa de acuerdo con las objeciones presentadas, los padres podrán recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la ley y solicitar daños punitivos. Esta medida, que surge de un paquete de reformas del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, ha generado apoyo entre sectores conservadores y del Partido Nuevo Progresista, pero ha dividido a otros sectores políticos, como el Partido Popular Democrático, y ha sido rechazada por el Partido Independentista Puertorriqueño.
El Departamento de Educación tiene un plazo de 90 días para reglamentar los protocolos necesarios para implementar la ley.
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