Presidente de la Cámara pide suspender investigación de dicho cuerpo legislativo sobre fraudes en centros de inspección de vehículos
Uno de los centros que es objeto de investigación pertenecía a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, informó hoy, martes, que envió una carta al presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José ‘Cheito’ Hernández, para paralizar la investigación de dicha comisión cameral respecto a los centros de inspección de vehículos que son objeto de una pesquisa por posibles actos fraudulentos.
En declaraciones escritas, indicaron que para evitar daños a la investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre los procesos realizados por algunos centros de inspección de vehículos de motor, incluyendo el alegadamente operado por la exsecretaria del Departamento de la Vivienda Ciary Pérez Peña, los cuales podrían constituir en delitos bajo el Código Penal, al igual que violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, “es prudente paralizar la investigación legislativa por un término equivalente al que dispone el Fiscal Especial para culminar la investigación encomendada, conforme al Artículo 12(4) de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988”.
El líder cameral destacó que “reconocemos el amplio poder de investigación que poseen las comisiones legislativas. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983). Sin embargo, la paralización de una investigación legislativa cuando existe un referido y una pesquisa criminal en curso ante el PFEI se fundamenta en principios constitucionales y en jurisprudencia tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos”.
“En primer lugar, podemos estar infringiendo el principio constitucional de separación de poderes. El Departamento de Justicia de Puerto Rico y el PFEI tienen la función exclusiva de investigar y procesar delitos. Cuando la legislatura continúa una investigación paralela sobre los mismos hechos, puede invadir esas funciones. La jurisprudencia reconoce que debe existir deferencia para evitar conflictos entre ramas. En segundo lugar, la Constitución de Puerto Rico garantiza el debido proceso de ley. Una investigación legislativa pública puede exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en potenciales jurados”, añadió el presidente cameral.
“Aun cuando los procesos se lleven a cabo mediante mecanismos de reuniones ejecutivas, no podemos limitar lo que los legisladores que estuvieron presente puedan comunicar a terceros sobre lo ocurrido en dichas reuniones. Esta situación aumenta el riesgo de provocar un perjuicio o daño irremediable en la investigación penal que llevan a cabo las agencias pertinentes. Véase Watkins v. United States, 354 U.S. 178 (1957)”, sostuvo.
“Siempre hemos sido defensores de la amplia facultad investigativa que posee la Asamblea Legislativa y nunca nos ha temblado el pulso para atender asuntos medulares, vengan de donde vengan. Sin embargo, en el análisis del balance de los intereses que nos corresponde ejercer y, bajo las facultades que me concede el Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, ordeno suspender y paralizar la investigación legislativa bajo la Resolución de la Cámara 352, por un término equivalente al que dispone el Fiscal Especial para culminar la investigación encomendada”, agregó.
Méndez resaltó el trabajo de Hernández e indicó que “con lo que se ha logrado hasta ahora por el trabajo profesional y dedicado del presidente de la comisión, así como sus miembros, se puede crear legislación de avanzada que establezca mayores controles sobre trámites y procedimientos que, en algunas instancias, nunca existieron y que proveerán mayor responsabilidad, certeza y transparencia en el futuro”.
