Proveedores de Educación Especial denuncian incumplimiento del Gobierno en la revisión de tarifas para el pago de terapistas
El informe de un economista concluyó que las tarifas actuales requieren un aumento mínimo del 30 por ciento
La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) anunció hoy, viernes, que el próximo lunes 4 de agosto, a partir de las 10 a.m., reinstalarán el campamento “Salvemos Remedio Provisional” frente a La Fortaleza por el presunto incumplimiento por parte del Gobierno con el acuerdo de revisión tarifaria suscrito el 12 de junio para los servicios a estudiantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE).
En declaraciones escritas explicaron que el acuerdo alcanzado con el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, incluyó tres compromisos:
- Ordenar un estudio de mercado para una revisión tarifaria
- Pagar facturas con más de 30 días de atraso
- Asignar un presupuesto suficiente y cónsono con el gasto operativo real
“Cumplimos con nuestra palabra, levantamos el campamento y apostamos al diálogo. Pero el silencio prolongado por parte del Departamento de Educación y del Ejecutivo es inaceptable”, declaró la APPSSRE.
La APPSSRE contrató al economista José Alameda para realizar un análisis independiente, en el cual concluyó que las tarifas actuales requieren un aumento mínimo del 30 por ciento, considerando el comportamiento económico, el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB), el costo de vida y la inflación acumulada desde 2014.
El análisis fue enviado al Ejecutivo; al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés; y a la Unidad de Remedio Provisional. Sin embargo, la APPSSRE no ha recibido respuesta.
Además, la APPSSRE denunció que la Unidad de Remedio Provisional publicó unilateralmente el contrato para el año escolar 2025–2026 sin compartir previamente el borrador con las partes interesadas, incumpliendo el compromiso institucional. Denunciaron que el documento final incluye cláusulas ambiguas, asignaciones de responsabilidad indebidas a los proveedores y referencias a leyes no vigentes, como la Ley de Ciberterapias.
De otra parte, destacaron que documentos oficiales del DE confirman que 32,607 estudiantes cuentan con cartas de autorización activas, pero aún esperan por la formalización de contratos para recibir servicios, así como el hecho de que el Departamento ha autorizado pagos con tarifas superiores al estándar sin justificación ni criterios uniformes, generando un trato desigual y arbitrario entre proveedores.
La organización reiteró que los conversatorios individuales convocados por el DE no sustituyen el diálogo institucional requerido para atender los acuerdos pendientes y que solicitaron en múltiples ocasiones una reunión formal con Ramos Parés sin tener éxito.
“Nuestro compromiso es con la justicia, la continuidad de los servicios y el derecho de nuestros estudiantes a una educación digna y adecuada”, reiteró la APPSSRE.
Es por lo anterior que la APPSSRE notificó sobre una nueva manifestación mediante la instalación de un campamento ciudadano en el área de La Fortaleza, en San Juan, como parte de las acciones de seguimiento ante el incumplimiento de los acuerdos del 12 de junio con el Ejecutivo. El campamento se mantendrá activo hasta que se atienda el reclamo tarifario y se restablezca el diálogo institucional.
Informaron que la protesta será una pacífica y que se llevará a cabo en coordinación con las autoridades y cumpliendo con el orden público, como en ocasiones anteriores.
“El posible discurso de ‘crisis fiscal’ no puede utilizarse como excusa para evadir el ajuste tarifario. No es responsabilidad de los proveedores sostener el programa ni garantizar los servicios esenciales que constitucional y legalmente le corresponden al Estado. Somos ciudadanos igualmente afectados por el aumento en el costo de vida, la inflación y las presiones operacionales. Las tarifas que se nos pagan no han sido revisadas desde 2015 o no están alineadas con la realidad. El gobierno no puede exigir que los proveedores absorban el peso de la crisis económica mientras el Estado se deslinda de su deber ministerial y su responsabilidad legal“, añadieron.
“Nos mantendremos firmes hasta que se respete la ley, se protejan los derechos de nuestros estudiantes y se establezcan tarifas justas que reconozcan la dignidad y el valor del trabajo que realizamos”, aseguró Ruth Concepción, presidenta de la APPSSRE.
