Puerto Rico sin estrategia ni pruebas para los adultos mayores ante el Covid-19

Por Damaris Suárez y Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Aunque cerca de un 97% de los adultos mayores residen en sus casas o en proyectos de vivienda para adultos, a más de dos meses de la emergencia por el COVID-19 el Gobierno no ha realizado pruebas masivas para detectar el virus en esta población. La respuesta gubernamental para atenderlos se ha reducido a realizar, al 5 de junio, 6,685 de las 50,000 pruebas de COVID-19 prometidas para los 28,000 adultos mayores que se estiman que viven en los asilos, que solo albergan a un 3% de ese grupo demográfico.

Problemas como ir al supermercado, que representa un lugar de contagio, el acceso a las medicinas, ir a citas médicas, el mantener las medidas de higiene y limpieza del hogar, entre otros, se agravan en los casos en que los adultos mayores no cuentan con familiares ni cuidadores formales (amas de llaves) que estén disponibles durante la pandemia o con alguna red de apoyo que pueda asistirlos. Para varios profesionales que atienden esta población, la reapertura de una gran cantidad de sectores comerciales y el aumento de riesgo de contagio son una navaja de doble filo para este grupo.

Don Nicodemus Cuevas vive solo en el barrio Anones de Naranjito. Sus hijos están fuera de Puerto Rico, por lo que a sus 82 años hace sus diligencias, va a buscar sus medicamentos, se cocina sus alimentos y hace sus compras, rutina que ha continuado pese al riesgo por el COVID-19.

“Aquí no ha venido ni un ánima a ayudarme. Yo vivo solo, mis hijos están en Estados Unidos. Tengo vecinos cerca pero son tan viejos como yo. ¿Qué si me cuido? ¡Claro, que me cuido!”, dijo entre risas cuando el CPI le preguntó si durante esta emergencia ha recibido ayuda para hacer sus compras o alguna ayuda del Gobierno.

Personas de una iglesia de Toa Alta le llevaron una compra durante la Semana Santa luego de que llamara a una abogada temiendo quedarse sin comida después  de escuchar por la radio que los establecimientos estarían cerrados por varios días por orden de la gobernadora, Wanda Vázquez. Esa fue la única ayuda que ha recibido este veterano, que no ha visto las ayudas del Gobierno para los adultos mayores.

“Tanta ayuda para los ancianos y los veteranos. A mí no me han dado nada. La única llamada que me dieron de Veteranos fue para cancelarme la cita… más ná”, aseguró.

A más de dos meses del cierre y en medio de una reapertura comercial, la estrategia del Gobierno está limitada a establecer un protocolo para hacer pruebas rápidas en los centros de cuido prolongado donde apenas residen el 3% de los adultos mayores, y deja al descubierto a los cerca de 844 mil ciudadanos mayores de 60 años que están expuestos porque tienen que hacer sus compras y diligencias exponiéndose a un posible contagio de coronavirus al visitar comercios, hospitales y farmacias.

“A mí los que me preocupan son los adultos mayores que viven en la comunidad, que salen a hacer sus compras por obligación y que se exponen al virus. A esos no se les está haciendo a la prueba”, afirmó José Acarón, director ejecutivo de AARP, Puerto Rico.

Según los datos de la Encuesta de la Comunidad del año 2017, realizada por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, la población de edad avanzada en la Isla son 843,829 personas, que representan el 24% de la población. De estos, se estima que solo 28,000 residen en los centros de cuido prolongado (los llamados asilos o centros de envejecientes) en los que desde el pasado 19 de abril se activó un plan para hacer las pruebas de COVID-19 a los residentes y empleados de dichos centros. La iniciativa fue gestada desde la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico y el Elder Justice Task Force (EJTF) del Gobierno de los Estados Unidos.

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