Nilda Pérez Martínez, presidenta de Proyecto Dignidad, radicó hoy una querella oficial ante la
Oficina del Contralor Electoral solicitando una investigación formal por el uso indebido de fondos
públicos para difundir mensajes con claros matices político-partidistas, en violación a la
Constitución de Puerto Rico, la Ley Electoral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La acción surge tras la difusión de anuncios oficiales relacionados con la demanda del Gobierno
de Puerto Rico contra LUMA Energy, la reforma contributiva y otras iniciativas gubernamentales,
los cuales fueron pagados con dinero público, difundidos a través de plataformas institucionales
y acompañados de logos oficiales, incluyendo el del Departamento de Hacienda.
Según la querella, estos anuncios trascienden el deber legítimo del Estado de informar, al
presentar mensajes que exaltan logros de la administración, vinculan dichos logros al liderato
personal de la Gobernadora y refuerzan narrativas asociadas a promesas de campaña,
obligando así al pueblo a financiar mensajes con impacto político.
“La Constitución exige neutralidad absoluta del Estado en asuntos político-partidistas.
Ningún ciudadano debe verse forzado a costear, con su dinero, la promoción de
promesas de campaña o la exaltación de la imagen política de un funcionario electo”,
expresó Pérez Martínez.
La querella se apoya en principios constitucionales claros y en el precedente del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, que ha establecido que la publicidad gubernamental solo es válida
cuando informa, educa u orienta, y se torna inconstitucional cuando busca influenciar la opinión
pública o promover la imagen de una administración o partido político.
Desde una perspectiva ciudadana, se busca proteger el derecho del pueblo a un gobierno
neutral, transparente y respetuoso del uso del erario público.
Entre los remedios solicitados al Contralor Electoral se encuentran:
• La apertura de una investigación formal,
• La evaluación del contenido, contexto y efecto de los anuncios,
• El cese inmediato de cualquier difusión que viole la ley, y
• La imposición de sanciones si se determinan violaciones legales.
-
-
-
-
