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El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Cataño, Norberto “Nini” Torres, rechazó de manera categórica las expropiaciones forzosas que se pretenden llevar a cabo en las comunidades de La Puntilla y la avenida Nereida, al considerar que estas acciones violentan el debido proceso de ley y atentan contra la estabilidad y seguridad de las familias afectadas.
El líder de la comunidad, Juan Cana detalló que el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, ha enviado sobre 15 ordenanzas de expropiaciones forzosas en la antesala de la Capital y agregó siete nuevas en la comunidad d e la Puntilla para la creación de estacionamientos.
“Las comunidades especiales de La Puntilla y la avenida Nereida merecen respeto, paz y justicia. Nuestra gente no puede seguir siendo atropellada por decisiones arbitrarias que ponen en riesgo su hogar, su seguridad y su futuro”, expresó Torres.
Asimismo, denunció que las expropiaciones impulsadas por Alicea Vasallo se están realizando sin la debida transparencia y en clara violación a los procesos establecidos por ley.
“Estas medidas no solo desplazan a residentes, sino que también atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de nuestras comunidades”, afirmó.
Cana expresó que la legislaltura ha aprobado las órdenes de expropiaciones del alcalde, sin embargo, la comunidad no comprende cómo se validaron las disposiciones del alcalde si se requiere del 75 por ciento del aval de la comunidad.
“Las legisladoras de minorías establecieron que se violaba el proceso de ley, porque en las comunidades especiales usted tiene que hacer una consulta con la comunidad y tener el 75 por ciento del aval de esa expropiación para que se valide y prosiga con una resolución conjunta”, explicó el líder comunitario.
Torres fue enfático al señalar que Cataño no puede gobernarse mediante imposiciones ni a costa del desarraigo de su gente. “El desarrollo no puede construirse sobre el sufrimiento, el miedo y la incertidumbre de quienes han hecho de estos espacios su hogar por años. Nuestros adultos mayores merecen respeto, tranquilidad y seguridad, no amenazas de desplazamiento”, añadió.
Finalmente, Torres exigió respeto al debido proceso de ley, un diálogo genuino con las comunidades afectadas y la búsqueda de soluciones justas que no impliquen el desplazamiento forzoso de residentes.
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