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Trabajadores piden accesibilidad a la hora de solicitar certificado de antecedentes para atender a niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional

Actualmente, empleados de todos los puntos de la isla solo pueden recibir su certificación en el municipio de San Juan

El presidente de la Asociación de Servicios a la Niñez (ASENI), Ramón Irizarry, hizo un llamado al Gobierno para que facilite que trabajadores en el campo de la niñez, adultos mayores y personas con diversidad funcional dispongan de un servicio menos costoso y complicado a la hora de certificar sus antecedentes para ofrecer sus servicios.

La ley 300, que dictamina la verificación de antecedentes penales, fue enmendada en 2015 para exigirles a los trabajadores una toma de su huella dactilar. No obstante, el proceso ahora cuesta $72, cuando antes era gratuito en las comandancias del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Sin embargo, el pasado cuatrienio se implementó el Puerto Rico Background Check Program, cuyo proceso implica que todos los ciudadanos deberán ir, anualmente, a la ciudad capital para completar los requerimientos, aunque sin una garantía de que sean atendidos, pues el sistema de citas confronta problemas.

Incluso, el Departamento de la Familia, hace varios años, antes de que se empezara en el Departamento de Salud, para aligerar el proceso el Departamento de la Familia, por región, hacía el proceso, contrataba una compañía privada y hacía entonces el proceso como tal por región. Y así pues lo costeaban ellos. Pero básicamente ahora pues todo es San Juan. Y no hay cita, las citas tardan meses, en ocasiones“, explicó en entrevista para Dígame la Verdad.

Según Irizarry, hay centros de cuido de niños que han cerrado sus puertas por los problemas para renovar sus licencias de operación, ya que no cuentan con el personal con sus credenciales al día.

La situación se complica para personas mayores que aún ejercen y que no tienen dominio en la tecnología para completar el proceso, el cual fue catalogado como uno burocrático por el periodista José Carlos Sánchez Cintrón, quien manejó la investigación.

Es por ello que Irizarry ha pedido que se facilite el proceso, ya que, incluso, el Gobierno federal solicita al Departamento de la Familia que se haga cada cinco años en los centros de cuido de niños y envejecientes, y no de forma anual, ya que los costos económicos pueden llegar hasta los $500 y hasta los $1,200 si se toman los cursos necesarios para ejercer.

Al momento, se necesitan sobre 100 mil citas anuales, el doble de lo que actualmente se está otorgando, pues los trabajadores que necesitan su certificación incluyen a empleados de escuelas públicas y privadas, paramédicos, y enfermeros de centros de cuido prolongado, centros de cuido infantil, barberos, entre otros.

Asimismo, propuso que se permita que a los centros de cuido asistan compañías privadas para completar el proceso de la toma de la huella dactilar, aunque todavía les queda pendiente reunirse con los secretarios de las agencias involucradas, que incluyen a Familia, al Departamento de Salud (DS) y al Departamento de Educación (DE).

Entendemos que si se hace una nueva reglamentación, deberían de entrar instituciones privadas que hagan este proceso y nos permitan contratar en caso de que las instituciones necesiten que vaya la persona a su lugar. Hacerlo en las comandancias sería la mejor alternativa también y tener mayor accesibilidad a poder obtenerla“, reiteró.

Solo una empresa atiende el Background Check

Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, denunció el pasado año que, actualmente, solo una compañía en el Centro Médico de Río Piedras completa los procesos que el presidente de ASENI reclama que sean más accesibles.

No obstante, no ha sucedido nada al respecto, por lo que pidió al designado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, que recomiende enmiendas a la legislación actual para que, por ejemplo, los laboratorios tengan participación.

Nuestros cuidadores de pacientes encamados tuvieron que moverse a Centro Médico y pagar 70 dólares para lograr la certificación para poder tener, obviamente, acceso a la propuesta y que pudieran firmar y dar los servicios. Eso pasa, también, en los proyectos Head Start. Imagínense, ciento y pico de empleados que tengan que ir de nuestro municipio a Centro Médico, multipliquen por la cantidad de empleados federales que se les exige ese documento, de cualquier propuesta, yo creo que eso tiene que cambiar“, afirmó.

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