Reclaman intervención del Estado ante el rampante desplazamiento de comunidades

Seguimos sin viviendas accesibles.

La portavoz de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Verónica González, aseguró que en la organización reciben denuncias constantes sobre personas que no consiguen hogar, que están en riesgo de desalojo porque les fue aumentada la renta hasta en un 30 por ciento, o cuyos hogares necesitan reparaciones pero los caseros se niegan a hacerlas.

“El Estado tiene que intervenir”, expresó González al reiterar la importancia de crear una política pública que establezca los parámetros bajo los cuales se da un escenario de desplazamiento y permitir que las viviendas sean asequibles.

El panorama es tan crítico que, en este año, el costo de las viviendas sobrepasó los $180 mil en promedio, mientras que nuevos proyectos llegan hasta los $210 mil, cuando el ingreso promedio de una familia es de entre $20 mil y $22 mil.

Y es que el problema tiene sus raíces en la facilidad con la cual los no locales se adueñan de los espacios mediante las leyes actuales.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón denunció que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda eliminó cinco estructuras en Puerta de Tierra, las cuales tenían la restricción para que fueran utilizadas como espacios de intereses sociales, lo que las hacía accesibles para la ciudadanía. La legisladora indicó que la agencia admitió que las propiedades, que estaban contaminadas con asbesto, serán vendidas a un inversionista beneficiario de la Ley 22 que es dueño de otras 14 de unas 30 propiedades ocupadas en el espacio.

“En Puerto Rico se necesitan 74 mil unidades para alquiler y entre la gente que está esperando por vivienda social, por vivienda pública, hay 25 mil familias”, expresó Santiago Negrón al denunciar la complicidad del Gobierno para no beneficiar a todas las personas a las cuales el sueldo no les alcanza para rentar propiedades de miles de dólares al mes.

Al momento, en la legislatura hay radicada una resolución de investigación para documentar el desplazamiento en Puerta de Tierra y la influencia de alquileres a corto plazo y su regulación.

“Hay que acabar con esa política de entregarle todo en bandeja de plata al de afuera cuando la gente de aquí la pasa tan difícil”, finalizó la senadora al apuntar a la regulación del control de alquiler para comenzar a atajar la problemática.