Refieren a Ética Gubernamental y a Justicia bonos injustificados a 65 empleados de la CEE, incluida la expresidenta Jessika Padilla

La inspectora de la Oficina del Inspector General (OIG), Ivelisse Torres Rivera, confirmó en Pega’os en la Mañana que refirió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y al Departamento de Justicia 65 casos por bonos injustificados entregados a empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), entre los que se incluye a la expresidenta alterna, la jueza Jessika Padilla.

Torres Rivera explicó que los bonos que recibían empleados en la rama ejecutiva quedaron detenidos luego de establecida la ley Promesa y con la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), que es el ente que, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tendrían que otorgar una autorización especial para la otorgación de dichos bonos.

“Hay que pedir permiso. Si la Junta autoriza a la bonificación, entonces la bonificación podría darse siempre y cuando se apruebe el presupuesto y una autorización expresa para eso. De lo contrario, esa bonificación no es posible otorgárselas y autorizarla a los empleados. Lo cual, de acuerdo a la investigación que realizaron el equipo del área de querellas e investigación de la Oficina del Inspector General, pues demuestra la evidencia recopilada que no hubo esa autorización a la Comisión Estatal de Elecciones ni a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, se otorgó la bonificación a 65 empleados, entre los cuales la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones resultó beneficiada también con un pago” de $9 mil, explicó Torres Rivera.

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Según la inspectora general, no estaba sustentada la justificación por parte de la CEE para otorgar los bonos 一 que ascienden a $174,105.20 一 a dichos trabajadores, a quienes se les adjudicó una labor adicional durante el periodo eleccionario.

Además, Torres Rivera destacó que debido a que muchos de los empleados eran exentos, se procedió a modificar el registro de asistencia para justificar los horarios y dar paso a la entrega de bonos.

“Todos estos hallazgos de la Oficina fueron referidos tanto a la Oficina de Ética Gubernamental, que debo decir que la Oficina de Ética Gubernamental trabajó conjuntamente con la Oficina del Inspector General para poder recopilar los datos necesarios para poder entonces completar este informe. Y además de eso, pues, fueron referidos también al Departamento de Justicia porque de lo que fue identificado como parte de las entrevistas y parte del proceso, pues hubo, quizás, otras posibles irregularidades que amerita que el Departamento evalúe si procede a ampliar la investigación“, agregó.

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¿Inminente un referido ante el FEI?

Por su parte, la excomisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, afirmó que es inminente que Justicia referirá a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a la expresidenta Padilla por estos actos.

“Podría ser inminente, el referido a un FEI para la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Muy lamentable porque todo esto se pudo haber evitado si hubiese habido un diálogo de cómo llevar a cabo los procesos“, destacó en este espacio Angleró al indicar que Padilla violó la Ley 26 del 2017.

“Yo creo que todos los que hemos administrado una agencia administrativa sabemos que esa es la ley de cumplimiento con el plan fiscal, que dispone que no puede haber, lo prohíbe, las bonificaciones, excepto el bono de Navidad“, agregó al insistir en que lo que más le preocupa es la alteración en los registros de asistencia.

Para Angleró los bonos sí son merecidos por parte de los empleados que lo recibieron debido a la cantidad de horas extra que trabajaron durante el ciclo electoral.

“Estaba más que justificado si se hubiese hecho dentro de los procesos como se establecía. La ley 26 dispone que se prohíben las bonificaciones, salvo que sea aprobado por la Junta de Control Fiscal o por la OGP. También dispone que se utilizaron fondos que son destinados para la operación del ente electoral, no para la nómina. Si usted tiene un sobrante dentro de uno de los incisos del presupuesto, interesa utilizarlo para otra vía para la cual no fue aprobada, tiene que pasar la aprobación de la Junta de Control Fiscal y de la OGP. Así que todo se hizo mal“, insistió la excomisionada.