La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, reiteró hoy la firme oposición de la colectividad a las enmiendas propuestas al Código Electoral y solicitó formalmente a la Cámara de Representantes que detenga cualquier intento de aprobación acelerada hasta que se garantice la participación ciudadana y se construya un verdadero consenso multipartidista.
“La estabilidad democrática no puede depender de mayorías circunstanciales. Cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, transparencia y consenso amplio. Alterar las reglas del juego sin garantías de integridad debilita la confianza pública en el sistema”, expresó Pérez Martínez.
Proyecto Dignidad se unió al reclamo del profesor de Derecho Electoral Héctor Luis Acevedo y del licenciado Julio Fontanet, quienes han advertido públicamente sobre los riesgos que esta reforma podría representar para la integridad y confiabilidad del proceso electoral en Puerto Rico.
La preocupación aumenta tras expresiones del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, quien adelantó que la medida podría aprobarse antes de finalizar febrero. Además, confirmó que no solo se mantiene la ampliación del voto adelantado a personas de 55 años o más, sino que incluso se evalúa reducir la edad a 50 años.
Proyecto Dignidad advirtió que las enmiendas propuestas flexibilizan de manera irresponsable el voto por correo, modalidad que históricamente ha demostrado mayor vulnerabilidad operacional al depender de factores externos como el servicio postal, la validación remota de identidad y la trazabilidad del sobre electoral.
Las elecciones de 2020 y 2024 evidenciaron:
- Devoluciones masivas de sobres.
- Fallas en el servicio postal.
- Problemas en la validación de identidad.
- Papeletas que nunca llegaron o nunca fueron devueltas.
A pesar de ese historial, el proyecto permitiría:
- Envío de papeletas por correo regular no certificado.
- Envíos electrónicos sin validación robusta de identidad o dirección.
- Ausencia de trazabilidad completa del sobre electoral.
- Posibilidad de múltiples envíos a una misma dirección.
Estas disposiciones, según la colectividad, debilitan gravemente la integridad del proceso y podrían generar controversias que afecten la legitimidad de los resultados electorales.
De acuerdo con datos recientes, el Registro General de Electores asciende aproximadamente a 1,987,317 electores hábiles. Se estima que cerca del 35 % — alrededor de 700,000 electores tiene 55 años o más. Si la edad se reduce a 50 años, el universo elegible podría superar el millón de electores, representando aproximadamente la mitad del electorado. Esto convertiría el voto adelantado en una modalidad prácticamente generalizada, recargando un sistema que ya ha evidenciado limitaciones técnicas y administrativas.
“Ampliar indiscriminadamente el voto adelantado hasta los 50 años, sin fortalecer primero la estructura técnica, tecnológica y administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones, es una decisión temeraria que pone en riesgo la transparencia electoral”, afirmó Pérez Martínez.
Para proteger la integridad electoral y garantizar accesibilidad sin comprometer la confiabilidad del proceso, Proyecto Dignidad propone:
Sobre el voto por correo:
- Exigir correo certificado tanto para el envío como para la devolución de papeletas.
- Mantener controles rigurosos de identidad, validación de dirección y cadena de custodia.
- Garantizar trazabilidad completa del sobre electoral.
- Limitar el voto por correo a personas con necesidad real comprobable (movilidad reducida, tratamiento médico, trabajo el día de la elección, cuidadores, personas de más de 80 años, entre otros).
La colectividad reiteró que cualquier reforma electoral debe surgir del consenso entre partidos y contar con amplia participación ciudadana.
“La democracia no se fortalece debilitando los controles. Puerto Rico merece un sistema electoral confiable, transparente y libre de sospecha. Sin consenso y sin garantías reales de integridad, estas enmiendas al Código Electoral no deben ser aprobadas”, concluyó la presidenta.
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