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Representante de Proyecto Dignidad radica medida para que los no vacunados tengan los mismos derechos que los vacunados

La representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, informó el viernes, que radicó el Proyecto de la Cámara 1110 con la finalidad de garantizar que, en toda agencia del poder ejecutivo, tribunal o municipio dé acceso a sus facilidades, servicios, y la expedición de permisos, patentes, certificados, tarjetas y otros documentos a toda persona que no esté inoculada contra el COVID-19.

“Entiéndase, que no haya recibido dosis alguna o que no haya completado las dosis que siga imponiendo el Estado. El mal manejo del coronavirus en Puerto Rico me ha llevado, desde el 25 de enero, a ser la única voz de los ciudadanos marginados y abandonados por el Poder Ejecutivo por haber decidido no vacunarse. En la democracia debemos custodiar la igual protección de las leyes, la dignidad y la intimidad de las personas. Es por eso que he sido recurrente en defender los derechos constitucionales que nos cobijan a todos y son garantes de la estabilidad de la democracia. Es un hecho que varios Foros Jurídicos a nivel Federal han validado mis planteamientos sobre la ilegalidad e irracionabilidad de estos mandatos dictatoriales”, dijo Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

Expuso que “en el actual contexto sanitario surge la variante Ómicron en países africanos. Por lo que, en asuntos de Estado, esta nueva variante comienza a provocar discusiones de un retorno a medidas más restrictivas. Esto ha ocasionado preocupación en el pueblo respecto a las nuevas medidas que el gobierno pueda implementar, pese que hay profesionales que ya indican, que esta es muy similar a la influenza común”.

“Reconozco que la salud pública es de suma relevancia. Sin embargo, no podemos continuar con una gobernanza basada en órdenes ejecutivas que están cimentadas en una doctrina globalista de terror, la cual incluye la invisibilización y la censura de las voces de los expertos disidentes. Esto, para controlar y manipular el discurso público y así coaccionar las decisiones sanitarias de la ciudadanía. Las medidas que se han impuesto en Puerto Rico, respecto al COVID-19 y sus variantes, giran en torno a clasificar y dividir a los ciudadanos entre vacunados y no vacunados. Eso no lo podemos avalar, pues a todo ciudadano le cobija la inviolabilidad a su dignidad y la igual protección de las leyes.”, manifestó la representante por Acumulación.

Mencionó que, por otro lado, ante la poca información existente respecto a los efectos adversos a corto, mediano y largo plazo de las vacunas contra el COVID-19, la portavoz cameral de Proyecto Dignidad también radicó la Resolución de la Cámara 626, con la finalidad de ordenar a la Comisión de Salud de ese cuerpo legislativo a  realizar una investigación exhaustiva sobre los efectos adversos que las vacunas. La referida resolución también propone que se investigue el manejo de las vacunas por parte del Departamento de Salud y cualquier entidad privada que las suministre. Esto ante los recientes reportes de establecimientos que han inoculado a personas con vacunas expiradas.

“Los constituyentes que constantemente llaman a mi oficina legislativa han manifestado preocupación sobre los efectos adversos de las vacunas. Puesto que existe una desconfianza fundada en cuanto a la integridad del gobierno central y su manejo de los datos estadísticos, entiendo prudente que la Cámara de Representantes realice una investigación independiente y objetiva para identificar las incidencias de efectos adversos en la población puertorriqueña. Además, es meritorio que se investigue el cómo se está llevando a cabo el almacenamiento y manejo de la vacuna y las sobredosis administradas a menores. Esto no lo digo yo, la necesidad de esta investigación surge de los propios argumentos denunciados por la ciudadanía. Esto es inaceptable. La vida humana tiene un valor incalculable y no puede ser puesta en riesgo por una industria que busca agotar un producto a toda costa, sin tomar en cuenta los daños que estas vacunas expiradas y mal manejadas puedan producir a la ciudadanía. Estas prácticas irresponsables deben detenerse ya, y los responsables de dichas acciones deben pagar por sus actos.  Por otro lado, invito a mis compañeros legisladores a atender con premura estas medidas al comienzo de la próxima sesión legislativa.”, finalizó la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

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