Representante Jorge Navarro presenta medida para criminalizar el “tráfico de abortos”
El proyecto establece una pena de reclusión por un término fijo de tres años para cualquier persona mayor de 18 años que incurra en dichos actos
El representante Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez presentó una medida para crear la “Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores“, que busca tipificar como delito grave la conducta de reclutar, albergar o transportar a una menor embarazada con el propósito de practicar un aborto sin el consentimiento de su madre, padre o tutores legales.
El legislación sometió el proyecto en respuesta a la práctica conocida como “abortion trafficking” (tráfico de abortos), identificada en jurisdicciones de Estados Unidos, como Idaho. La práctica, explicó en declaraciones escritas, consiste en que adultos, que no son la madre, el padre o los tutores, facilitan el transporte o reclutan a menores para practicarse abortos con la intención específica de ocultar el procedimiento a los padres.
“El Estado tiene un interés apremiante en proteger a los menores de edad y salvaguardar los derechos fundamentales de los padres en la crianza y cuidado médico de sus hijos“, indica la medida en su exposición de motivos. Asimismo, destaca que la patria potestad conlleva el derecho de la madre y el padre a informarse y consentir sobre procedimientos médicos significativos.
El proyecto de ley establece una pena de reclusión por un término fijo de tres años para cualquier persona mayor de 18 años (que no sea el padre, la madre o tutor) que incurra en dichos actos con la intención de ocultar el procedimiento o evadir el consentimiento parental. La medida incluye, además, especificaciones para situaciones donde el aborto sea necesario para salvar la vida de la menor ante una emergencia médica certificada, o cuando exista una orden judicial válida que autorice el procedimiento.
“Esta conducta no solo socava la autoridad parental, sino que pone en riesgo la salud y seguridad de la menor al aislarla de su red de apoyo familiar primario“, señala el texto legislativo. “Permitir que terceros intervengan de esta manera priva a los padres de su derecho a aconsejar, apoyar y proteger a sus hijas en momentos vulnerables“, agrega el documento.
