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El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Cheito” Hernández, no descartó que de la investigación cameral sobre el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), relacionada con venta de marbetes fraudulentos en centros de inspección y procesos irregulares, puedan surgir referidos al Departamento de Justicia (DJ) y a las autoridades federales.
Según explicó Hernández, su investigación ha evidenciado que los actos fraudulentos habrían sido cometidos tanto por dueños de centros de inspección como por personal de la administración del DTOP, lo que podría resultar en enmiendas a la Ley 22 y al reglamento del DTOP al concluir el proceso.
“¿Cuáles de ellas son posibles comisiones de delito y cuáles de ellas son infracciones administrativas? Eso lo vamos a ver. Si tenemos que hacer referidos, lo vamos a hacer, ¿verdad? No importa quién haya sido, si lo admitió o no, ¿verdad? No le corresponde al DTOP investigar comisiones de delito. Le corresponde al Departamento de Justicia. Lo segundo son los procesos dentro del DTOP. Mañana tenemos vista pública, tenemos al señor Arturo Deliz y a la pasada secretaria Eileen Vélez, para que nos expliquen cuál fue el proceso, porque hasta ahora, pues evidentemente los procesos no fueron correctos”, indicó el representante.
En la citación se evidenció que la información del DTOP no es fidedigna, luego de que dueños de centros de inspección citados mediante una orden de desacato ofrecieran declaraciones contradictorias al documento oficial que emite la agencia a la Cámara de Reprresentantes.
El legislador novoprogresista ejemplificó que uno de los propietarios admitió haber cometido fraude, pero aseguró que no había pagado ninguna multa, aunque el documento oficial indicó que sí se efectuó el pago de la penalidad.
En otro caso, el dueño de otro centro dijo bajo juramento que sostuvo reuniones con el exdirector del DTOP Arturo Deliz, tras ser multado por infracciones que el propietario aseguro que no cometió y tuvo que cerrar su negocio luego de negarse a firmar un documento que lo responsabilizaba de las infracciones.
“Él se reunió con el señor Arturo Deliz, según lo dijo bajo juramento, y le dijeron, firma este documento donde te haces cargo o aceptas las multas y paga la multa. El caballero pidió evidencia de la investigación pero no le entregaron nada y no le quisieron entregar la evidencia. (…) Ese centro sigue cerrado. Ese centro sigue cerrado”, detalló el representante.
Destacó que: “Cuando cambió la administración, el DTOP le pidió unos documentos[ al dueño del centro cerrado] y el DTOP le dijo que no hay evidencia de que ellos los hayan investigado”.
Hernández calificó como “algarete” la gestión del DTOP con los centros de inspección y sostuvo que la agencia debió referir el caso al Departamento de Justicia, entidad con facultad para atender la Comisión de Delitos.
Sobre el particular, el representante del Partido Popular Democrático, Ramón Torres cuestionó: “En ninguna parte del mundo el que impone la multa, la revisa, la rebaja, la cobra y entonces ejecuta la sentencia. Los procesos tienen que llevarse a cabo de una manera que estén escritos, que haya unos protocolos dentro de la agencia y de una lectura simple de aquel reglamento que estaba vigente en aquel momento, cuando hablábamos de faltas a los centros de inspección, el propio reglamento se refería a la ley de tránsito. En Puerto Rico los derechos menos graves, los únicos que tienen autoridad para radicarlo son los fiscales y los únicos que tienen la autoridad para encontrarte culpable e imponer una multa son los jueces. Por esto se investigará de la manera que se está investigando en el Departamento de Justicia y en la legislatura”.
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Finalmente, ambos representantes coincidieron en que el DTOP implementó incorrectamente el procedimiento de investigación de los centros y aseguraron que, desde un inicio, el Departamento de Justicia es el ente con la potestad para atender los actos fraudulentos de los negociantes. Además, indicaron que no tendrán temor en escalar la situación a las autoridades federales si así lo requiere.
Mañana martes y miércoles, 14 de abril se celebrará vistas públicas sobre los hechos.
