Representante Mariana Nogales pide el arresto de otros dos guardias por incidente de agresión contra manifestantes en Aguadilla

La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, denunció en Pega’os en la Mañana que aún falta que la Policía investigue el incidente de agresión que se dio durante el lunes en las instalaciones del antiguo Muelle de Azúcar, en Aguadilla, en el que dos manifestantes de 48 y 26 años resultaron heridos mientras se oponían a una construcción que reclaman como ilegal en dicha zona.

“Es el destructor del espacio que ocupa lo que la gente conoce como el Muelle de Azúcar”, expresó la representante, quien informó que Carlos Román González, figura detrás de las empresas RL Partner, Grupo Caribe, Aguadilla Pier Corp. Y The Cliff, admitió que los tres guardias involucrados son sus empleados.

Durante el día de ayer, solo se arrestó a Carlos Acevedo López, de 49 años, quien agredió a dos manifestantes con una macana e, incluso, amedrentó a uno de ellos con una cuchilla. Los incidentes se dieron dentro y fuera de la propiedad, mientras las personas impedían la entrada para la construcción.

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Presuntamente, Román González tiene conocimiento de que uno de los proyectos que trabaja es sin los permisos correspondientes por parte de las agencias gubernamentales, que albergan, al menos, tres querellas entre la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), más una impugnación de deslinde.

Respecto al cumplimiento de estos permisos, Nogales Molinell denunció que las agencias no están cumpliendo su labor del todo. Indicó que el DRNA tiene una orden de cese y desista para un proyecto sobre la Cueva Las Golondrinas desde mayo pasado, y que es necesario que la Junta de Planificación investigue las denuncias antes de dar paso a cualquier permiso.

“Cuando las agencias necesitan ayuda en la ejecución de una orden, es la Policía quien tiene que intervenir […] En el caso de la demanda que está en el Tribunal, que es un recurso interdictal, lo mismo. Tiene la facultad de detener este proyecto”, aseguró la representante.

Ante los múltiples incidentes por crímenes ambientales reportados a lo largo del último año, la legisladora cuestionó la falta de un mecanismo ágil y efectivo con el que se atiendan los procesos de destrucción ambiental, para lo cual, aceptó, se necesita legislación.