El representante Domingo Torres García radicó una medida para suspender el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en artículos esenciales mientras la ciudadanía experimenta problemas por la falta de agua potable, y también solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón declarar un Estado de Emergencia por tal motivo.
“Hoy hacemos un llamado a la gobernadora para que evalúe con urgencia la magnitud de la crisis que enfrentan numerosas comunidades sin acceso adecuado al agua potable y considere declarar un Estado de Emergencia. Al mismo tiempo, proponemos una medida que permita aliviar el peso económico que estas situaciones imponen sobre nuestras familias”, indicó el legislador popular.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1312, que enmendaría el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para facultar a la gobernadora a eximir del pago del IVU, de manera temporera, aquellos productos y artículos directamente relacionados con una emergencia declarada mediante Orden Ejecutiva.
“El acceso al agua potable es un servicio esencial y las dificultades que están enfrentando miles de familias en distintas comunidades del país requieren una respuesta inmediata. No podemos seguir tratando esta situación como un problema ordinario cuando afecta la salud, la calidad de vida y la seguridad de nuestra gente”, indicó el legislador.
Torres García explicó que la pieza legislativa busca brindar al Gobierno una herramienta ágil para aliviar el impacto económico que enfrentan los ciudadanos durante situaciones extraordinarias.
“Cuando una familia tiene que comprar agua embotellada, generadores, combustible, baterías u otros artículos indispensables para enfrentar una crisis, el Gobierno debe procurar que esos costos sean lo más bajos posible. Esta medida crea un mecanismo para actuar con rapidez y ofrecer alivio económico real cuando más se necesita”, agregó.
La legislación establece que la exención del IVU aplicará únicamente a bienes y productos relacionados con la emergencia declarada, los cuales deberán ser identificados específicamente mediante Orden Ejecutiva. Además, limita la vigencia inicial de la exención a un máximo de cuarenta y cinco días, con extensiones sujetas a requisitos de justificación y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
El representante destacó que Puerto Rico enfrenta constantemente retos relacionados con la infraestructura de agua, el sistema eléctrico, eventos atmosféricos y otros factores que afectan la vida diaria de la ciudadanía, por lo que entiende necesario dotar al Ejecutivo de herramientas adicionales para responder con mayor efectividad.
Torres García adelantó que buscará que el Proyecto de la Cámara 1312 sea atendido durante la presente sesión legislativa, con el propósito de que Puerto Rico cuente cuanto antes con una herramienta efectiva para brindar alivio económico a la ciudadanía durante situaciones de emergencia.
