Residentes en condominio de Cupey denuncian falta de mantenimiento e irregularidades en el manejo presupuestario
La Junta de Directores podría enfrentar una demanda de no cumplir con sus responsabilidades, las cuales los titulares han reclamado por más de cinco años
Paredes con hongo, filtraciones, escaleras rotas, empañetados sin terminar y paredes con pintura descascarada son algunas de las deficiencias que prevalecen desde hace años en el condominio Alturas de Caldas, en Cupey, desde donde una residente anónima aseguró que también se ha registrado lo que parecería ser un mal manejo de fondos para acondicionar y mantener la estructura, producto de una mala administración.
Con espacio para 60 familias, de las cuales algunas ya quieren abandonar el lugar, la estructura no ha experimentado mejoras, compartió esta residente, quien afirmó que hay quienes han optado por trabajar por su cuenta algunos de los arreglos, labor que ha quedado prohibida por parte de la Junta de Directores del condominio.
“Vivir aquí se ha vuelto una pesadilla. […] Llevo años viviendo aquí y empiezo a ver el deterioro y se ha convertido en algo insostenible. […] Escaleras rotas en todas las torres, hongos en las paredes, hongos en todos los aires y hay aires por los dos lados, empañetados en el estacionamiento sin terminar. O sea, llevan cinco años con empañetado en cemento, como si estuviera en construcción; rejas descascaradas, rejas con hongo negro. Y siempre que hemos ido en persona, hemos hecho muchas cosas, siempre dicen que están cotizando”, aseguró en entrevista con Radio Isla.
La dejadez, según esta titular, proviene de una Junta que describió como “intocable” y sin capacidad o conocimiento de elementos básicos de administración, como lo es establecer un presupuesto para corregir las problemáticas en el edificio.
A pesar de tocar la puerta de su representante de distrito, Víctor Parés, o de agencias como el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Salud, y hasta de la compañía de administración Tous Management, no han tenido éxito en sus reclamos.
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Identifican irregularidades con el dinero entrante
Según esta querellante, el total de los titulares del condominio aporta una cuota mensual de $9,996, que se traduce a $119,952 anuales. De ahí se extrae una partida de $36,120 mil que se destina a las labores de limpieza, recogido de basura y retoques de pintura, que se suma a otros $7 mil para reparaciones y mantenimiento.
Entre los procedimientos cuestionables y que se han vuelto uso y costumbre, se encuentra la falta de claridad por parte de la Junta sobre proyectos y cotizaciones de los mismos, y por los cuales los titulares se ven obligados a votar aunque no cuenten con los detalles al respecto.
“Nosotros tenemos un contrato de 37 mil dólares con una persona de mantenimiento que está aquí todo el tiempo (pues está designado a trabajar 40 horas semanales). Nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos por las torres, no lo vemos trabajando. Una vecina hizo una prueba […] Ella tiene una cucaracha a ver cuánto tiempo dura. Ella hizo eso y estuvo tres semanas (la cucaracha en el mismo lugar)”, dijo la titular al hablar sobre los problemas que han enfrentado en la estructura.
Actualmente, la compañía Tous Management cobra sobre $24 mil anuales por 20 horas semanales de trabajos de administración que no se concretan, puesto que, alegadamente, es la Junta del condominio la que tiene que otorgar el permiso.
“Un ejemplo de la dejadez y falta de democracia, aquí hace unos años se quedaba el portón abierto a cada rato y ni siquiera llevaron a votación reemplazar el portón. […] Aquí se quedaba el portón abierto por meses, un portón roto, y nunca hablaban, ni siquiera hicieron una asamblea para ver si reemplazábamos el portón. Y había una querella de Ley 54, que había un tipo peligroso por ahí, y nos quejábamos y nada”, denunció.
Más recientemente, aseguró que en este 2025 no se han corregido las faltas en algunas áreas, lo que les hace pensar que no se ha utilizado el dinero recolectado de la cuota mensual de mantenimiento, pues aunque la Junta alega que sí, el trabajo no se percibe. Igualmente, mencionó que se ha dilatado el proceso para desarrollar grandes proyectos.
“Ellos tiraron un reporte económico en junio, mitad de año. Y cuando yo veo no se ha usado dinero y ha sobrado de otras partidas. Y yo cogí y cuestioné ‘¿me pueden decir el total que está sobrando?’ Cuando voy a la caseta, no. (Me dicen) ‘ese reporte no está correcto, tenemos que enmendarlo’. Cómo tú me vas a decir a mí que un reporte financiero que (se) supone que lleve los gastos y todo, los ingresos de un año, cuando tú cuestiones ‘mira, está sobrando 13 mil dólares, ¿dónde están?’ Que te digan ‘no, no, tenemos que revisarlo porque ahí no se consideraron ciertas cosas’. ¿Qué contable lleva la contabilidad así? Yo no estoy acusando a nadie, pero esto son realidades, esto yo no me lo estoy inventando”, advirtió.
Constantemente, los titulares cuestionan a la administración y a la Junta sobre información y actualizaciones de cotizaciones o el progreso en los trabajos, pero en la mayoría de las ocasiones no hay respuestas o responden con un “se está trabajando” semanas después.
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Acechados por la Junta
A lo anterior se suma un patrón de acoso sobre los residentes, a quienes detienen en los pasillos para lo que la titular describió como un intento de hacerles cumplir la ley, pero de forma errada.
Incluso, denunció que un abogado, que ni es titular ni es miembro de la Junta es quien lidera las reuniones de los titulares.
Asimismo, esta titular afirmó que la Junta alega que por ley tampoco se les permite a titulares presentar temas a las asambleas de trabajo, y que permean excusas y una falta de compromiso ante las solicitudes de los titulares.
“Hay una hipervigilancia y ponen multas, nos persiguen, han parado al personal de limpieza a inspeccionar mi basura. Ellos tienen algo con la basura. Que si mandaron un comunicado de que no podemos botar carnes crudas, que tenemos que hacer un proceso para botar carnes crudas, mandan comunicados constantes, nos vigilan y nos cuentan cuántas bolsas de hojas botamos en los contenedores”, narró disgustada.
Inconclusa la respuesta gubernamental
En una primera visita al DACO para presentar una queja, la agencia denegó el caso por un tecnicismo, alegó la denunciante. También afirmó que enfrentó humillaciones durante el proceso. Presuntamente, la jueza ni siquiera abordó el tema de las condiciones del edificio.
“Durante el proceso, el abogado de la parte contraria me trató de muy mala manera, incluso alzando la voz. Posteriormente, los abogados me interrogaron, pero yo no tuve la oportunidad de interrogar ni presentar preguntas. La jueza me mandaba a callar repetidamente, sin controlar la conversación ni garantizar equidad, lo que claramente inclinó la dinámica a favor de la otra parte.
Al final, la jueza me preguntó en varias ocasiones: ‘¿Qué tú quieres que yo haga?’. Su actitud me hizo sentir muy incómoda e invalidada, y esa sensación me acompañó por varios días. Sentí que el proceso me atropelló y que no fui realmente escuchada”, dijo la titular.
Incluso, la titular hizo un acercamiento a Salud para denunciar la presencia de hongo tanto en las paredes del edificio, como en los aires acondicionados y en áreas comunes, pero no atendieron el caso por tratarse de una propiedad privada en la que no guardaban jurisdicción.
“Nosotros no tenemos mucha esperanza. Como el sistema y lo que se escucha en la calle y en los grupos de Facebook es que DACO no resuelve, pues se me ha hecho bien difícil convencer a los vecinos porque me dicen ‘¿para qué vamos a gastar tanto dinero si lo más seguro DACO ni siquiera va a hacer nada?’ O sea, que hay como un espíritu de desesperanza, de que no hay justicia”, señaló.
Asimismo, se mantiene el cuestionamiento de cómo el edificio logra obtener las certificaciones correspondientes a las inspecciones por parte del Negociado de Bomberos de Puerto Rico (NPPR) cuando, entienden, hay áreas en las que se incumple.
¿Hay o no una crisis en los condominios?
Según la titular, es urgente que se revise la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020), puesto que entiende que brinda un poder casi ilimitado a las juntas, lo que redunda en una crisis.
Entre ese poder del que habla, mencionó un caso en el que la Junta demandó a un suplidor que realizó trabajos para cubrir grietas en el estacionamiento del edificio. No obstante, dicha acción legal se llevó a cabo sin el voto del resto de los titulares.
Además, detalló que es necesario que se regule la forma en la que se determinan los miembros que conforman la Junta, ya que, afirmó, hay personas que no cuentan con la capacidad para dirigir.
“Aquí tiene que haber una crisis declarada en el área de condominios. Lo que son las ciudades metropolitanas la mayoría de las personas viven en condominios. Y yo en todo este proceso me he dado cuenta de que somos miles y miles y miles de personas bien frustradas. Y una de las primeras cosas que deben hacer es cambiar la ley para proteger más los derechos de los dueños porque todos somos dueños, no somos inquilinos de las Juntas. Entonces, que haya unos procesos más económicos (para fiscalizar o destituir Juntas que incumplen la ley). O sea, yo tengo miedo de seguir contratando (ayuda legal) porque los abogados no quieren coger los casos”, dijo frustrada, además, por el alto costo de estos procesos.
Esta residente anónima envió un mensaje a la Junta del condominio para recordarles que no son un ente legal, sino que están para responderles a los titulares y rendir cuentas sobre las decisiones u omisiones de sus actos.
Este medio hizo acercamientos a la Junta de Alturas de Caldas para obtener una reacción, pero al cierre de esta historia no hubo respuesta. El pasado viernes, se informó que la administradora del condominio renunció a su puesto y que ya otra persona ocupa el lugar.
