Se abre convocatoria octocentenaria en Educación

El secretario de Educación, Eliezer Ramos, ofreció en RADIO ISLA 1320 una actualización ante el inicio del año académico 2025- 2026.

El titular destaca que se abrió una convocatoria para aproximadamente unas 800 plazas luego de hacer un análisis de cuántos asistentes T-1 necesitarían para abordar la necesidad estudiantil actual. Ramos explica que este análisis se hizo en base no solamente a las evaluaciones de ejecución, sino también en base a la cantidad de personal que, o no fue recontratado, o renunció por múltiples razones:

En otros temas, el funcionario aseguró que se ha ido saldando la deuda de sobre 400 millones de dólares relacionada a pagos de terapistas adjuntos a la agencia. Varios sectores y organizaciones, entre ellas la Asociación de Proveedores de Servicios de Terapia, han denunciado falta de pagos por servicios de terapias por remedio provisional:

A su vez, compartió el mandatario que hay bajo investigación otros casos por posibles fraudes dentro del proceso de pago por remedio provisional: “Sin duda, el que quiere hacer la trampa la va a hacer. Y tenemos gente bajo investigación por sospecha de que, en efecto, está facturando servicios que no odio, o que no da. Así que nosotros dependemos mucho de papá, de mamá y del encargado que son quienes firman sobre todo a través de este mecanismo de remedio provisional… Esto se ha dado desde que yo tengo uso de razón, desde el 2013 que estoy trabajando de abogado [con la agencia]… Hay fraude”.

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De hecho, a finales de julio, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, urgió a la agencia a garantizar condiciones adecuadas en los planteles escolares y evitar la improvisación que él entiende ha caracterizado otros años académicos. 

La situación educativa en Puerto Rico ha estado marcada por una serie de desafíos significativos en los últimos años, incluyendo desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y crisis estructurales preexistentes:

En enero de 2020, una serie de terremotos, incluyendo uno de magnitud 6.4, afectaron principalmente el suroeste de la isla. Estos eventos causaron daños estructurales en más de 150 escuelas, algunas de las cuales fueron declaradas inseguras y permanecieron cerradas por tiempo indefinido. Por ejemplo, la escuela Agripina Seda en Guánica colapsó, y otras como la José Julián Acosta en San Juan también sufrieron daños significativos. Como resultado, miles de estudiantes se vieron obligados a estudiar desde refugios improvisados o a distancia, exacerbando la interrupción educativa ya provocada por el huracán María en 2017.

La pandemia de COVID-19, declarada en marzo de 2020, obligó al cierre de escuelas y universidades en Puerto Rico. Esto afectó principalmente a estudiantes de bajos recursos, quienes enfrentaron dificultades para acceder a la educación a distancia debido a la falta de dispositivos electrónicos y conectividad a internet. Además, el cierre de escuelas interrumpió el acceso a servicios esenciales como los almuerzos escolares, lo que aumentó la inseguridad alimentaria y afectó negativamente la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes.

Consecuentemente, esto se manifestó en pérdida de días escolares (entre el 2017 y el 2020, estudiantes escolares perdieron un equivalente de un año escolar completo debido a huracanes, terremotos y pandemia); deserción escolar (en los municipios más afectados por los terremotos, el riesgo de deserción para estudiantes de octavo grado fue el doble en comparación con las zonas menos afectadas); y desigualdad educativa (la pandemia exacerbó las desigualdades preexistentes, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales y de educación especial, quienes tuvieron menor acceso a recursos educativos y apoyo emocional).

A nivel institucional, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo una alta rotación de secretarios (siete en los últimos ocho años), recortes presupuestarios y una infraestructura educativa deteriorada. Estos factores han dificultado la implementación de políticas educativas efectivas y la recuperación de los efectos de los desastres naturales y la pandemia.

La situación educativa en Puerto Rico es un reflejo de la intersección entre desastres naturales, crisis sanitarias y desafíos institucionales. A pesar de los desafíos, se han implementado esfuerzos para la recuperación y resiliencia del sistema educativo. Estos incluyen la reparación de escuelas dañadas, la implementación de programas de apoyo emocional para estudiantes y la adopción de tecnologías para la educación a distancia.