Se quedan en el limbo los $13 millones que pidió la CEE para las elecciones de noviembre
No rindió frutos la reunión con la Junta de Control Fiscal.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, reconoció hoy en RADIO ISLA que no rindió frutos la reunión con la Junta de Control Fiscal en la que solicitaron $13 millones adicionales para costear las primarias y las elecciones de noviembre.
Ayer en la misma emisora radial, Dávila dijo que la agencia gubernamental necesita $22 millones para celebrar los eventos electorales, sin embargo, el organismo fiscalizador recomendó asignar $9 millones para el próximo año fiscal que inicia el 1ro de julio.
El pasado sábado la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la reforma electoral, pese a la oposición de casi todos los partidos políticos.
En el Proyecto del Senado 1314, ante la consideración de la primera ejecutiva, fue eliminado el voto por Internet a petición de la propia mandataria.
La medida dispone la consolidación o reducción de las oficinas administrativas y oficinas electorales, según la necesidad de los servicios, y la eliminación de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y las subsecretarías de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), logrando un ahorro sustancial para el pueblo de Puerto Rico.
Esto incluye la reducción o consolidación por etapas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), que deberán ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSI) del gobierno, o en instalaciones públicas existentes que estén libres de influencias políticas externas al balance institucional y electoral. No más tarde del 30 de junio de 2022, las JIP serán oficinas regionales y no excederán de 12 en la jurisdicción de Puerto Rico.
Actualmente, las oficinas de los vicepresidentes tienen un costo de cerca de $500 mil, mientras que los gastos de arrendamiento por cánones de arrendamiento de las JIP, sobrepasan el $1 millón.
Se amplía además las categorías de los electores elegibles para “voto ausente” y “voto adelantado”. A partir de la elección general del 2020, todo elector domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General de Elector que lo solicite voluntariamente, siempre y cuando juramente que no se encontrará físicamente en Puerto Rico, es elegible para voto por correo.
