Secretaria de la Vivienda rechaza señalamientos en su contra por irregularidades en Centros de Inspección | Mientras, el DTOP ordena revisión interna

La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, rechazó una vez más los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades que se desencadenaron en un Centro de Inspección de Vehículos, en Yabucoa, que era de su propiedad previo a pasar a ser administrado por una corporación que se registró en el 2025.

“En el día hoy considero necesario reiterar, de manera definitiva las imputaciones surgidas como consecuencia de una declaración jurada atribuida a un empleado del DTOP que se mantiene desde la oscuridad del anonimato.

Primero, el centro de inspección que se menciona es un negocio familiar donde esta servidora no participa de su operación, administración, ni toma de decisiones desde febrero de 2017. Esto es tan claro, que de las propias comunicaciones oficiales del DTOP al centro, fueron dirigidas a las personas que manejan la operación. No he intervenido en estos procesos.

En segundo lugar, los hallazgos o las deficiencias señaladas a dicho centro no son a esta servidora, no son criminales y se trata de fallas técnicas. Cabe señalar que lamentablemente muchos centros de inspección sufrieron los mismos problemas. Por lo cual, las alegaciones o insinuaciones que están expresando son incorrectas y selectivas“, indicó la secretaria en declaraciones escritas.

Precisamente, hoy, jueves, en Puestos pa’ la Mañana el periodista Jonathan Lebrón y el analista Luis Herrero detallaron que la corporación que ahora figura como dueña de Yabucoa Auto Services se registró el pasado 3 de abril de 2025, cuando Pérez Peña ya era secretaria de la Vivienda. No obstante, el correo electrónico que figura en los datos de la corporación es el de la funcionaria.

Además, detallaron otras situaciones que ha enfrentado la funcionaria por alegados problemas que han surgido con una gasolinera Ecomaxx ubicada en Maunabo.

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“Rechazo categóricamente cualquier insinuación de influencia indebida o gestión impropia a favor del negocio familiar o para afectar funcionario alguno. Cualquier expresión contraria a lo antes expresado son falsas y difamatorias. En cuanto a ese aspecto, si alguna persona entiende que tiene evidencia de conducta ilegal o anti-ética le corresponde presentarla ante las autoridades pertinentes.

Conozco que el escrutinio público es parte del servicio gubernamental y no tengo problema con ello. Pero el aceptar la difamación no lo es y menos cuando se hace desde el anonimato.

Ni mi familia, ni yo hemos solicitado, ni recibido trato preferencial. Quien exprese lo contrario miente y tiene la obligación de probarlo en los foros correspondientes”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y su secretario, Edwin González Montalvo, indicó que ya ordenaron una revisión interna de los expedientes con señalamientos.

“Desde el momento que tuvimos conocimiento de las imputaciones que se han realizado públicamente sobre las estaciones de inspección de vehículos, y conforme a lo requerido por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ordenó una revisión interna de los expedientes a fin de corroborar el récord y asegurar la integridad de los procesos, sin prejuzgar sobre determinaciones fuera del ámbito administrativo de la agencia.

Dicha revisión aún se encuentra en proceso. Según consta en los documentos revisados, durante el año 2023 se atendieron señalamientos relacionados con varios centros de inspección de vehículos en todo Puerto Rico, incluyendo el que se ha hecho referencia públicamente. Como parte del proceso, la Oficina de Investigaciones e Inspección de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) realizó una verificación mediante muestreo aleatorio de 412 transacciones correspondientes a certificados de inspección irregulares de los meses de junio, julio y agosto de 2023, y notificó los hallazgos a la estación mediante comunicación de 26 de octubre de 2023.

Según indica dicha comunicación, “…los certificados de inspección identificados se expidieron utilizando algún equipo de reproducción ajeno al equipo de inspección de automóviles autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Adicionalmente, estas inspecciones no obraban registradas en la base de datos de transacciones realizadas en la máquina de inspección”.

Como resultado del trámite, el centro estuvo sujeto a un cierre administrativo desde el 7 de septiembre de. 2023 hasta el 24 de julio de 2024. El DTOP cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 asociado a este trámite. De la revisión realizada no surge un documento que contenga acuerdo o mención de una sanción por la cantidad de $25,000.

En respuesta a los señalamientos públicos, el DTOP reitera que no ha tomado represalias contra ningún empleado. Todas nuestras acciones se han limitado al marco administrativo y regulatorio aplicable“, indica el comunicado.

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Lo anterior surge horas después de que el Departamento de Justicia confirmara haber recibido el referido sometido por el representante Ramón Torres y la representante Swanny Enit Vargas Laureano para investigar el asunto, algo que, según el legislador, lo hace estar satisfecho.