Luego de que el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, informara a través del 1320 que la empresa de servicios de salud correccional, Physician Correctional, no está brindando tratamientos contra la Hepatitis C a los confinados, el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, reconoció que será el Estado el que costee dicha acción, a pesar del millonario contrato que ostenta Physician con el Gobierno.
Según Quiñones Rivera, hicieron una petición de $22 millones a la legislatura, a través del representante Eddie Charbonier, para completar la petición de fondos a la Junta de Control Fiscal (JCF) debido que en años anteriores no se hicieron las gestiones necesarias para ubicar dichos fondos.
Nota relacionada: Secretario de Salud reconoce que Physician Correctional no ha dado tratamiento de Hepatitis C a confinados
Quiñones Rivera afirmó que el 19 de mayo se harán las pruebas contra la Hepatitis C a los sobre siete mil confinados. Sin embargo, indicó reiteradamente que el Estado es el responsable de cumplir con el compromiso de velar por la salud de los reos.
“Physician es la que ofrece el servicio de salud ahora mismo en las instituciones, pero esto no se trata de Physician, es un compromiso del Estado, del Gobierno”, aseguró a preguntas de Milly Méndez en Pega’os en la Mañana.
Según el líder de agencia, quien defendió el contrato de Physician Correctional, afirmó que la empresa lo que hace es administrar el programa de salud correccional.
“Esos fondos no estaban solicitados. Esos fondos no forman parte del programa de salud correccional. Lo estamos solicitando. Hay buen ambiente, es un compromiso de la gobernadora y lo importante es que se va a hacer“, indicó Quiñones Rivera.
Cuando se le preguntó si Physician Correctional estaba dando un buen servicio, replicó que “Yo no voy a hacer una conclusión pública en este momento. Lo estamos trabajando al interior del departamento, pero voy a ser bien cuidadoso con hacer expresiones públicas sobre la evaluación a la que estamos llegando” debido a la demanda que enfrenta al Gobierno por el manejo del caso del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega.
Asegura él escoge su equipo y niega que continúen los pool party
De otra parte, luego de que la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, aconsejara al secretario modificar su equipo de trabajo por la forma negligente con la que actúan, Quiñones Rivera destacó que su equipo de trabajo siempre está bajo evaluación.
Martínez destacó que el actual secretario auxiliar de Programas y Servicios de la agencia otorga privilegios a los confinados, yendo por encima de las instrucciones de Rivera Quiñones, lo que, advirtió, podría redundar en casos como el de Ávila Vázquez.
“Es que yo estoy bajo evaluación de la gobernadora y el equipo de trabajo y el secretario de la Gobernación todos los días, todos los días. Y yo tengo que responder por cada cosa que ocurre en el Departamento. Así que mi equipo está de la misma manera, todo el componente, todo el equipo, desde abajo hasta arriba. Así que yo tengo más de cinco mil empleados en el departamento y yo necesito contar con cada uno de ellos“, afirmó.
Además, en respuesta a los beneficios que presuntamente reciben los reos, Quiñones Rivera reafirmó que no regresarán los famosos pool party o pizza party en las instituciones.
Nota relacionada: Piden destitución del secretario auxiliar de Programas y Servicios en Corrección | “Le da al preso todo”
Precisamente, el secretario indicó que continúa bajo evaluación la destitución de ocho empleados involucrados en el caso de Ávila Vázquez.
“Ese asunto forma parte de todo el tema que es producto, que tiene que ver con la demanda, así que también será parte de la discusión, pero no hemos llegado a una determinación final aún“, destacó.
-
-
-
-
