Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en agosto de 2025, aceeptó hoy, martes, un acuerdo de culpabilidad que ofreció el Ministerio Público, por lo que fue sentenciada a cumplir 38 años y un día de prisión.
El proceso se llevó a cabo en el Tribunal de Aibonito y la sentencia fue dictada por el juez Juan Reyes a pocos días de que su madre, Elvia Cabrera Rivera, también fuese sentenciada tras ser hallada culpable en este caso.
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El subdirector legal de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), licenciado Manuel Mayo, explicó que el acuerdo incluye un cargo por asesinato en segundo grado con atenuantes, que implican la minoridad y el tipo de caso, ya que no se trata de una persona con alto perfil delictivo. En este caso, aunque la pena sería de 50 años, el juez puede bajar la sentencia en hasta un 25 por ciento. De ahí surgen los 37.5 años que se suman a seis meses y un día por el cargo de Ley de Armas.
“Conformes no estamos […] en parte, este caso se complica muchísimo por toda la opinión pública, por las circunstancias mediáticas. Esto de presentar en televisión la vista preliminar, que también ahora se quiere presentar la Regla 6, afecta todo lo que son las condiciones de los tribunales porque se vuelve como un ejercicio de ver un juego de deporte donde la gente empieza a opinar: yo le voy a este, le voy al otro. Y se pierde de perspectiva lo que es el proceso penal y la realidad de que las negociaciones siempre son parte de esto. En este caso, yo creo que si no hubiera tenido esta presión mediática, se hubiera podido llegar a un preacuerdo muchísimo más bajo“, indicó el abogado.
De otra parte Mayo destacó que en el caso de Avilés Cabrera, al cumplir los primeros cinco años de su sentencia cualifica para ser evaluada ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. No obstante, aclaró que, de darse el escenario, el proceso de evaluación toma tiempo y no significaría una salida inmediata una vez se cumpla el término.
“Las bonificaciones no son automáticas. Las bonificaciones se tienen que dar con buena conducta, con estudio o trabajo. Si la institución no tiene ni estudio ni trabajo, pues entonces suelen darse las bonificaciones. Eso es un problema que a veces Corrección tiene, que no da muchos servicios. De otra parte, esta niña podría ir a la Junta de Libertad Bajo Palabra en cinco años. En cinco años no significa que en cinco años va a salir. La Junta de Libertad Bajo Palabra se tarda muchísimo en dar salida a las personas y tiene que darse una serie de requisitos“, estableció.
Por su parte, las licenciadas Rocío Revelles y María Soledad Sáez, abogadas de la joven, defendieron la aceptación del acuerdo y aseguraron que hubo un desamparo por parte del Estado sobre la joven.
“Ellos tomaron esa determinación. Claro, luchamos mucho, luchamos mucho, pero también en este caso han pasado tantas cosas, entre ellas el desamparo en el que ha dejado a esta niña el sistema de justicia, pues yo me imagino que la familia consideró todos esos factores. […] Lo que pasa es que no es lo que hubieran querido las abogadas. Las abogadas y la Sociedad para Asistencia Legal hacen el trabajo lo mejor que puede, todas las posibilidades que conforme a la ley y el orden nosotros entendemos. Ahora, como dijimos anteriormente, una vez a nosotros nos hacen una oferta, ya no tiene que ver lo que hubieran querido o no las abogadas. Las abogadas hubieran querido que no estuviéramos en esta tragedia, vamos, al igual que todo Puerto Rico, pero las abogadas tienen una obligación ética de ponérselo de frente tanto a Anthonieska como a su familia, como dijimos, como a los peritos que estaban trabajando con nosotros y que se tome una determinación basada en el interés de ella y de su familia“, destacaron a su salida del tribunal.
El pasado 19 de agosto de 2025 el Departamento de Justicia presentó cargos contra ambas por asesinato en primer grado (Artículo 93 A del Código Penal) y el uso de arma blanca (Artículo 606 de la Ley de Armas) en concierto y común acuerdo para dar muerte a Pratts Rosario. A ambas se les impuso una fianza de $500 mil por cada cargo.
Los hechos se remontan a la noche del 10 de agosto, tras la culminación de una actividad de verano celebrada en el municipio de Aibonito en la que todos participaban. Iniciada una pelea en el área del desvío Roberto Colón, se suscitó una agresión que culminó con la muerte de Gabriela Nicole, de 16 años, que recibió 11 puñaladas. Un amigo de la víctima, también menor de edad, resultó herido en el incidente y fue parte de los testigos que declaró en el juicio.
