“Abusador, sin empatía y antiobreros”, así describió la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Jessica Martínez, el ambiente laboral de las administraciones del Departamento de la Familia.
En Pega’os en la Mañana, la presidenta aseguró que la agencia urge de un proceso de reclutamiento, revisión de salarios y personal de Recursos Humanos eficiente para atender denuncias internas con neutralidad.
“Para mi es bien frustrante porque a veces siento que no tenemos forma de entrar a Familia. El Departamento de la Familia es de los departamentos más antiobreros que nosotros tenemos en Servidores Públicos Unidos. Las trabajadoras sociales están sobrecargadas, todo este personal que tiene que trabajar para evitar el maltrato de niños y adultos mayores, está sobrecargado y mal pago”, denunció Martínez.
Aseguró que los puestos de primera necesidad en el Departamento requieren nuevo personal y una revisión salarial, pues los sueldos permanecen iguales desde hace 15 años.
“Este plan de clasificación vino a humillarlos, a no reconocer su trabajo y a esto suma la sobrecarga”, sostuvo.
Por otra parte, la presidenta reveló que los empleados no pueden realizar reclamos sobre asuntos internos, puesto que “si tú haces un reclamo aunque tú utilices la unión, que es lo que está negociado y se supone que tengas un personal capaz y profesional para poder manejar las controversias de los trabajadores,(…) en un par de semanas te baja una intención de destitución por parte del patrón”.
Según detalló la funcionaria, Familia ha contratado abogados externos para realizar investigaciones de denuncias internas “simplemente porque están afiliados a un partido y luego lo que hacen es cerrar las querellas a favor del supervisor, el presunto acosador”.
“Nosotros hemos tenido que contratar a un abogado adicional exclusivamente para atender las querellas de acoso laboral”, agregó.
Al momento, cuatro empleadas junto a la exdirectora regional radicaron demandas por acoso contra la misma persona en un mismo centro.“Eso da a entender que si la persona tiene un patrón de mala conducta o tiene una conducta impropia con los trabajadores que supervisa, a esta supervisora la destituyen y a las compañeras que represento tienen dos radicación de intenciones de destitución, dos intenciones de suspensión de 90 días”.
Finalmente, el Sindicato contrató un abogado externo, aparte de la división legal, para atender el proceso de investigación y cumplir con la ley al agotar todos los remedios administrativos para entonces ir a una demanda civil.
