El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), David Muñoz, denunció hoy, viernes, el despido de 16 trabajadores de limpieza y mantenimiento en la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC), que no ostentaban puestos permanentes, uno de los reclamos que por años ha hecho el Sindicato sobre los contratos y que podría provocar una movilización por su parte.
Según Muñoz, una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones establece que aquellos empleados con más de dos años de servicios en plazas irregulares y que cumplan con los requisitos tienen derecho a ostentar el puesto de forma permanente.
“Todos sabemos que la Universidad atraviesa una situación presupuestaria apretada, pero eso no significa que la Universidad esté exenta de cumplir con las leyes, los reglamentos y, especialmente, las decisiones de los tribunales, que precisamente fueron ellos quienes acudieron a los tribunales. Y en este caso particular, pues, el día de ayer, estos 16 trabajadores que llevan, la mayoría de ellos llevan ya cinco años de servicio a la institución, simplemente los dejaron fuera, dijeron que su contrato había finalizado el 30 de junio. […] Podemos decir que ahora mismo no existe, o sea, no hay ni siquiera una comunicación de parte de la rectora, pero por las acciones previas de la señora rectora, entendemos que fue la rectora, que es la autoridad nominadora, quien despidió a estos trabajadores, pero con la anuencia y con el respaldo, debo entenderlo, de la propia presidenta“, indicó Muñoz en entrevista con Radio Isla 1320.
El líder sindical explicó que, en el pasado, se les notificaba a los empleados con 30 días de anticipación sobre el fin de su contrato, pero al existir la determinación antes mencionada por parte del Apelativo, y habiendo el Sindicato hecho las gestiones para reiterarle dicha información a la institución académica, no se supone que los empleados perdieran sus puestos ni tampoco que fueran empleados por contrato.
“Quiere decir que no tan solo fueron despedidos, sino que fueron despedidos ilegalmente porque ellos saben, mediante esa decisión, que esos trabajadores ya se convirtieron, a pesar de que seguramente no les han extendido un nombramiento permanente en el aspecto técnico, pero ya pasaron a ser empleados permanentes. Quiere decir que ya no pueden decirle que sus contratos vencieron, puesto que ya se convirtieron en empleados permanentes“, agregó.
Muñoz catalogó la movida como una contradicción y algo absurdo al tomar en cuenta expresiones sobre la falta de trabajadores.
Asimismo, destacó que aunque se ha anunciado una reducción presupuestaria en las unidades y recintos, las decisiones de despidos y cambios de horarios, que afectan los sueldos, solo afectan al Sindicato, cuyos miembros cobran $10.50 por hora.
Finalmente, Muñoz anticipó que iniciarán una huelga para el mes de agosto si no se atiende el asunto.
“El convenio, pues, dispone de un procedimiento de que haya agravio. Ayer mismo radicamos una querella para ver este caso de manera urgente. Durante el día de hoy, ellos, o sea, la administración no ha confirmado, pero de forma segura, yo le puedo anticipar que cuando llegue el mes de agosto, cuando comience el nuevo semestre académico, yo le puedo garantizar que si esto no se ha resuelto, pues, definitivamente, pues, tendremos que regresar a las acciones sindicales que hemos tomado previamente, no porque queramos, sino que tenemos que defendernos y, sobre todo, hay que defender la dignidad y el trabajo de los nuestros“, reiteró.
Reacciona la rectora de Cayey
Mientras tanto, la rectora Rochellie Martínez Vivas emitió las siguientes declaraciones en respuesta a los planteamientos del sindicato:
“Ante los planteamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico relacionados con los contratos temporeros de empleados adscritos al recinto, la Universidad de Puerto Rico en Cayey aclara que las determinaciones administrativas adoptadas responden a procesos institucionales previamente establecidos, realizados conforme a la reglamentación aplicable, las necesidades operacionales del recinto y la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos públicos, en un escenario de significativos ajustes estructurales dirigidos a garantizar la sostenibilidad fiscal y fortalecer la capacidad institucional de la Universidad.
Los contratos a los que se hace referencia corresponden a nombramientos especiales sufragados con fondos no recurrentes relacionados con la respuesta a la pandemia del COVID-19. Por su naturaleza, estos nombramientos fueron otorgados con un término de vigencia definido y conocido por las partes desde el momento de su otorgación, culminando el pasado 30 de junio de 2026, conforme a las condiciones establecidas en los contratos suscritos.
Actualmente, la Universidad lleva a cabo un análisis administrativo y presupuestario para determinar las necesidades operacionales del recinto y los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios que ofrece a la comunidad universitaria dentro de la disponibilidad presupuestaria. Como parte de ese proceso, se determinará la cantidad de nombramientos especiales necesarios para que la UPR Cayey continúe cumpliendo con su misión académica y de servicio.
Es importante destacar que este proceso fue comunicado oportunamente al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico a través de los canales institucionales correspondientes. Asimismo, los empleados fueron notificados con antelación sobre la fecha de vencimiento de sus contratos, la cual estaba expresamente establecida en los documentos suscritos por las partes desde el inicio de sus nombramientos.
En cuanto al caso judicial al que hace referencia el sindicato, es importante señalar que corresponde a un caso específico, con hechos y circunstancias particulares, por lo que no guarda relación con los procesos administrativos que actualmente atiende la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
De igual forma, la Universidad aclara que no es correcta la afirmación de que la administración universitaria impartió instrucciones para reducir el salario de empleados adscritos a dicho gremio.
La Universidad de Puerto Rico en Cayey reitera su compromiso con el diálogo, la transparencia, el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aplicable. La institución continuará atendiendo estos asuntos con responsabilidad, procurando un balance entre la continuidad de los servicios esenciales, el bienestar de la comunidad universitaria y la sana administración de los recursos públicos”.
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