Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, sindicato que representa a los trabajadores del Departamento de la Familia, denunció que el colapso administrativo, la falta de personal y las condiciones laborales precarias en esta agencia continúan poniendo en riesgo tanto a los empleados como a los menores, adultos mayores y familias vulnerables que deben proteger. Por ello, la unión hace un llamado urgente a fortalecer el reclutamiento de profesionales, mejorar las condiciones laborales y salariales, y garantizar los recursos necesarios para asegurar el acceso a servicios que protejan el bienestar de la población vulnerable de nuestro país.
“La situación ha llegado a un punto insostenible. Nuestros trabajadores sociales y técnicos están al borde del colapso físico y emocional. Tienen cientos de casos imposibles de manejar, sin supervisión adecuada, sin vehículos, sin celulares, sin amas de llaves, y el Departamento sigue negando esta realidad. Y al hacerlo, cada día que pasan sin tomar acción, es un día que el Gobierno le dice a un menor maltratado, a un adulto mayor abandonado o a una familia en crisis que no importan”, expresó Jessica Martínez Santos, presidenta de SPUPR, Concilio 95 AFSCME. “No es sólo una escasez de personal; es un colapso administrativo que convierte los casos de remoción, maltrato, abandono en una pesadilla humanitaria. El Departamento de la Familia está demostrando su incompetencia como institución y los menores, adultos mayores y trabajadores son los que están pagando las consecuencias de su ineptitud administrativa.”
Martínez destacó que la falta de personal en todas las áreas y la incapacidad para retener a estos profesionales son alarmantes. Situación que ha provocado una sobrecarga de trabajo que agota física y emocionalmente a estos profesionales, y que, como consecuencia, impacta la calidad y el acceso a los servicios para los participantes.
Entre los problemas específicos, la unión señaló la falta de personal y capacidad para retener a los profesionales, sobrecarga de trabajo, bajos salarios y pobres condiciones laborales, recortes en servicios críticos y en herramientas de trabajo esenciales, y una seria falta de colaboración interagencial y con el tribunal.
“Año tras año, y gobierno tras gobierno, este problema no ha sido atendido con la diligencia que merece. Y no se trata de tener un ‘media tour’ o hacer actividades para cumplir con el Gobernador de turno. Aquí se afectan los participantes, pero también los compañeros que tienen que abandonar a sus familias para cuidar a las que están bajo la custodia del Estado. El ‘burning out’ los agota y los enferma, y la falta de acción sobre salarios y condiciones laborales sanas provoca que no haya retención de nuevos empleados. Los que dirigen deben enfocarse, no en cumplir con números, sino en ofrecer un servicio de excelencia y calidad humana”, enfatizó Fernando Ballester Irizarry, Presidente de la UPETEC Local 3234 de SPUPR, C95, que representa al personal profesional del Departamento de la Familia.
Ante este panorama, SPUPR, C 95, exige un alto al abuso institucional y reclama la implementación inmediata de medidas concretas para detener esta crisis:
- Un salario justo y digno, acorde a la alta responsabilidad y a los riesgos que conlleva la profesión de trabajador social. Esto no solo hará justicia salarial sino hará más atractiva la plaza laboral.
- Condiciones laborales dignas que permitan laboral en un ambiente de trabajo sano y seguro.
- Un reclutamiento continuo y competente, con alianzas universitarias que incluyan compromisos de contratación.
- El restablecimiento inmediato de todos los servicios y contratos recortados, incluyendo el servicio de amas de llaves, celulares laborales, vehículos oficiales, choferes e intérpretes.
- Una auditoría independiente de la carga laboral de los trabajadores sociales y técnicos y la redistribución real de casos.
- La contratación de personal especializado para atender las leyes de protección y aliviar la sobrecarga de las oficinas locales, especialmente en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE).
- Una colaboración real y efectiva con agencias y el tribunal.
- Fortalecer las alianzas con las universidades para garantizar un flujo constante de nuevos profesionales y establecer compromisos de contratación.
“Como he señalado anteriormente, el gobierno y el Departamento de la Familia no enfrentan una falta de vocación en su personal, sino su propia incapacidad estructural.
La inacción es complicidad. Al quedarse sin hacer nada, la administración pone en mayor riesgo a los menores y familias vulnerables en Puerto Rico. Además, agota irreversiblemente la resiliencia de un personal que, a pesar de todo, sigue en pie de lucha por los más vulnerables. Recuerden que estos trabajadores son la primera línea de protección social y merecen ser tratados como tal”, concluyó Martínez Santos.
