José Rodríguez, líder del Movimiento Solidario Sindical, se expresó preocupado ante lo que él cataloga como silencio de parte de la Secretaria del Trabajo en cuanto al pago de pensiones y Seguro Social, y particularmente el impacto de ello en la población mayor de Puerto Rico.
La situación de las pensiones y el seguro social en Puerto Rico es compleja y refleja años de crisis económica, recortes y debates sobre justicia social. En cuanto a las pensiones públicas, el sistema ha enfrentado un serio problema de insolvencia. Antes de la reestructuración de la deuda, el sistema de retiro de maestros, jueces y empleados públicos estaba prácticamente en quiebra. La Junta de Supervisión Fiscal, creada bajo la ley PROMESA, propuso recortes a las pensiones como parte del plan de ajuste fiscal.
Sin embargo, tras fuertes protestas, se acordó proteger a la mayoría de los jubilados, dejando sin recorte las pensiones menores de $1,500 mensuales. Aun así, persiste la incertidumbre, ya que los sistemas de retiro tradicionales se cerraron y muchos trabajadores ahora dependen de cuentas individuales que suelen ser insuficientes para garantizar estabilidad en la vejez.
En relación al Seguro Social, Puerto Rico participa del programa federal, pero con limitaciones. Los trabajadores que cotizan reciben beneficios de jubilación, incapacidad y sobrevivencia, igual que en los estados. No obstante, los residentes de la isla no tienen acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que asiste a personas mayores o con discapacidades de bajos recursos.
En su lugar, opera el programa local de Asistencia Nutricional (PAN), con menos fondos y beneficios más limitados. Este tema ha llegado hasta el Tribunal Supremo de EE.UU., que en 2022 falló en contra de extender el SSI a Puerto Rico, aunque el debate político y judicial continúa.
En síntesis, mientras las pensiones públicas han estado en riesgo por la crisis fiscal y dependen de fondos limitados, el seguro social ofrece cobertura parcial, dejando fuera programas clave de apoyo económico que sí reciben los residentes en los estados. Esto mantiene una gran brecha de desigualdad y plantea retos significativos para la seguridad económica de adultos mayores y personas vulnerables en Puerto Rico.
Rodríguez comunica que dicho silencio también se refleja al visitar el hemiciclo tanto legislativo como senatorial, y que como sector, los sindicatos de deben tomar en cuenta cuál será su estrategia ofensiva para acaparar dicho tema:
Rodríguez adicionalmente argumenta que la reforma laboral recién aprobada es una de las piezas del rompecabezas que ha influido precisamente en la crisis laboral en el país. La reforma laboral, un tema debatido por su alta controversia, busca flexibilizar las reglas de contratación y despido con la intención de atraer inversión y estimular la economía.
Entre los cambios principales se han discutido y aprobado reducciones en las licencias por enfermedad y vacaciones, disminución en los pagos de horas extras, periodos probatorios más largos y ajustes en el bono de Navidad. Esto, puntualiza Rodríguez, obliga a personas mayores a continuar trabajando dado el alto costo de vida y repercute en qué personas jóvenes se vayan de la isla.
Para la población mayor, la reforma laboral tiene un doble impacto. Por un lado, muchos adultos mayores que siguen activos en la fuerza laboral lo hacen porque sus pensiones o ingresos de retiro no son suficientes. Al enfrentarse a un mercado laboral más precario, se exponen a menor estabilidad, menos beneficios y jornadas más exigentes. Esto puede traducirse en mayores dificultades para cubrir necesidades médicas y de cuidado, además de limitar su capacidad de mantener independencia económica.
En el caso de la población joven, la reforma crea un escenario ambiguo. Por un lado, los patronos argumentan que la flexibilización puede abrir más oportunidades de empleo para recién graduados o personas con poca experiencia, al reducir el “costo” de contratarlos. Sin embargo, al mismo tiempo los jóvenes se ven expuestos a mayor inestabilidad laboral, empleos temporales o de medio tiempo sin beneficios plenos, y salarios que no siempre cubren el costo de vida. Esto afecta su capacidad de independizarse, formar patrimonio y construir una carrera a largo plazo en la isla.
En resumen, aunque la reforma laboral pretende impulsar la economía atrayendo inversión y facilitando contrataciones, en la práctica sus efectos recaen en la reducción de derechos y protecciones para trabajadores de todas las edades. Para los mayores, implica trabajar más años en condiciones menos seguras; para los jóvenes, puede significar empleos más accesibles, pero también más precarios y con menos posibilidades de crecimiento real.
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