La trabajadora social Lydael Vega señaló que las estructuras fragmentadas de las agencias dificultan la prestación de servicios y la atención oportuna de emergencias, al reseñar el caso de un joven de 16 años con autismo crónico que asesinó a su abuela en Guaynabo con un arma blanca.
Según explicó Vega, en Puerto Rico los profesionales no llegan a tiempo para atender las emergencias debido a que “hay una fragmentación de las agencias que prestan el servicio”. En el caso del joven, las agencias trabajaban en un plan para ubicarlo y desarrollar alternativas que se ajustaran a sus necesidades. Sin embargo, se desconoce cuáles fueron los servicios ofrecidos para atender los traumas que experimentó a temprana edad.
“El problema es que todo lo que estamos hablando aquí se da en servicios privados, no se están dando para todas las familias. El sistema de corrección no tiene ahora mismo la estructura para hacer el proceso de justicia terapéutica y justicia restaurativa ni de rehabilitación porque decidieron quitarlo”, dijo Vega.
“Nuestras familias están llegando a pedir ayuda y no hay el sistema para brindarle esas ayudas porque la mayoría de los servicios están privativos y a la manera en que están privativos no les damos acceso a todos y a todas de la misma manera”, agregó.
Por otra parte, el exsubsecretario de Corrección Víctor Rivera Sierra confirmó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no cuenta con las herramientas necesarias para rehabilitar al joven de 16 años que asesinó a su abuela.
“El departamento tiene una serie de terapias de acuerdo al delito que hayan cometido, pero le damos la terapia solamente por el delito que cometió y no se la brindamos por qué razón yo cometí ese delito. Le darán un taller, una evaluación psicológica cada dos años, pero de yo decirte que va a haber un seguimiento, este caso de manera estructurada, incluso una vez salga a la libre comunidad, pues tengo que decirte que no”, señaló.
Tanto la trabajadora social Lydael Vega como el exsubsecretario de Corrección Víctor Rivera Sierra coincidieron en señalar las limitaciones del sistema para atender de manera integral a menores con necesidades complejas y dar seguimiento a sus casos.
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