Suspenden de empleo y sueldo a oficial de Corrección de Arecibo
Por supuestos delitos de soborno y posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal y Ley de Ética de Gubernamental.
La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón informó el miércoles sobre la suspensión de empleo y sueldo de un oficial de custodia, identificado como Abimelec Román Pérez, de 34 años, adscrito a la Institución Correccional 384 en Sabana Hoyos en Arecibo por supuestos delitos de soborno y posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal y Ley de Ética de Gubernamental.
“Desde que asumí el compromiso de dirigir el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) me comprometí con combatir la entrada de contrabando en las instituciones de la Isla y erradicar la corrupción gubernamental en el DCR. Este esfuerzo en coordinación con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) está dando resultados. Este es el undécimo oficial correccional que es arrestado por introducir drogas desde mi incumbencia. Continuaremos enfocados en nuestro plan de trabajo y no vamos a permitir que oficiales correccionales como Román Pérez laceren la imagen de miles de oficiales correccionales que están cumpliendo con su responsabilidad en pro de la seguridad de Puerto Rico”, dijo Escobar Pabón en declaraciones escritas.
“Conforme a las medidas disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación Román Pérez, será suspendido de empleo y sueldo”, añadió.
Explicó que el oficial de Corrección Román Pérez, quien llevaba 12 años de servicio, fue arrestado y acusado de Soborno (Artículo 259 del Código Penal), Posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal (Artículo 277 del Código Penal) y violación al Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012 de Ética Gubernamental por utilizar los deberes y las facultades de su cargo para beneficio de un tercero.
El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto por todos los cargos imputados por el Ministerio Público, y fijó una fianza de 75,000 dólares, que fue digerida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio. La vista preliminar fue señalada para el 4 de agosto.
El secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuelli Hernández, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, condenaron lo que catalogaron como un acto de corrupción.
“La corrupción tiene que erradicarse en todos los niveles. El trabajo estratégico y coordinado entre las agencias de ley y orden refuerza la fiscalización y el procesamiento de este tipo de delito que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Exhortamos a los ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción ante las agencias investigativas para que podamos procesar estos crímenes con el rigor que amerita”, manifestó Emanuelli Hernández.
Mientras, el secretario del DSP, Alexis Torres expresó “Es vital el trabajo en equipo para lograr la justicia y la seguridad pública, así como contar con la cooperación de la ciudadanía en informar a las autoridades cualquier violación. Seguiremos trabajando junto a las autoridades estatales y federales sin escatimar esfuerzos para prevenir, investigar y atender los casos de corrupción y combatir la criminalidad. El Negociado de Investigaciones Especiales continuará investigando en todos los niveles para que las violaciones a ley tengan consecuencias”.
Por su parte, el comisionado del NIE, licenciado Rafael Freytes Cutrera, recalcó que “el Gobierno de Puerto Rico tiene cero tolerancia a la corrupción gubernamental. Invito a todo aquel que conozca de algún acto de corrupción a denunciarlo inmediatamente al (787) 903-6812. Los empleados públicos deben cumplir con los más altos niveles de honestidad y es obligación de todo empleado público demostrar un comportamiento que inspire credibilidad y confianza en el ejercicio de sus funciones”.
