Rafael ‘Tatito’ Hernández insiste que decisión en caso de Lisie Burgos es represalia por controversia de aumento en la judicatura

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández opinó hoy que la decisión del juez Anthony Cuevas en el caso de la representante Lisie Burgos fue represalia por la controversia del aumento a la judicatura.

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“Y esto es una opinion mia personal, que la decisión del juez es represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo entre choque de poderes entre la Camara de Representantes y la judicatura”,  dijo durante conferencia de prensa. “Esa es la única razón por la cual el juez otra vez no ve los méritos a una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes a poder hacer sus planteamientos”.  

El representante popular confirmó durante la conferencia que solicitarán una segunda reconsideración en el caso del aumento a la judicatura en el Tribunal Supremo.

Hernandez Montañez reveló que tienen más de 24 casos activos de COVID-19 en la Cámara, por lo que defendió la suspensión de labores en el cuerpo legislativo, la cual insistió que no fue en respuesta a la demanda de la representante Burgos.

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“El numero es significativo, es más de 24”, expresó. “Nuestra aspiración es que al 4 de marzo, con la práctica de estar evitando tener haciendo tantas reuniones masivas aquí entre compañeros, baje este numero y podamos continuar el 5 en adelante la sesión del martes”. 

Por su parte, el portavoz de la mayoría, Ángel Matos, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, señaló en Tiempo Igual que el juez Anthony Cuevas también tuvo a cargo el caso del aumento jurídico en el Tribunal de Primera Instancia.

“Yo sé que nosotros al final del día vamos a superar este momento histórico en donde están chocando dos ramas constitucionales”, afirmó Matos García.

RESPONDE EL TRIBUNAL SUPREMO

“Durante las pasadas semanas el Presidente de la Cámara de Representantes ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales. Ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontextualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalias no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por el contrario, desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones —como las expresiones formuladas hoy— no solo es desafortunado, sino que genera una honda preocupación sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite, y como mínimo motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura”, expresó la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

“Como líder de la Cámara de Representantes, exhorto al Presidente a que impulse medidas para garantizar la estabilidad y la seguridad de la judicatura puertorriqueña, y a que tome en consideración el rol fundamental de la independencia judicial en nuestro sistema democrático de gobierno”, concluyó Oronoz.