La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes continuó este martes el proceso de vistas públicas sobre el proyecto de ley que derogaría la Ley del Departamento de Seguridad Pública con el fin de devolver la autonomía a los restantes seis negociados bajo la agencia sombrilla.
En el segundo día de vistas, las organizaciones de trabajadores de los distintos componentes de seguridad endosaron la medida por entender que la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo la Ley 20-2017, provocó un nivel más alto de burocracia y una pérdida en los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los negociados.
El Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) favoreció el Proyecto de la Cámara 295 al asegurar que permitirá que los negociados recobren los recursos, brindará a los empleados mejores condiciones laborales y recuperarán sus poderes de origen establecidos en sus respectivas leyes orgánicas.
“El logro proyectado (del DSP) no ocurrió, resultando en un descalabro administrativo y fiscal, y afectó el servicio de seguridad a la ciudadanía”, afirmó el FUPO en una ponencia firmada por el presidente Diego Figueroa Torres. Entre sus reclamos principales, destacó que al comisionado de la Policía se le restó la autoridad del puesto ante el secretario del DSP.
La Ley 20 fue aprobada con el propósito de reducir los gastos administrativos y lograr una respuesta operacional ágil al unir bajo una sola agencia la Policía de Puerto Rico; el Cuerpo de Bomberos; el Cuerpo de Emergencias Médicas; la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Sistema de Emergencias 9-1-1; el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Sin embargo, el pasado año la Legislatura aprobó la Ley 135-2020, la cual separó al Negociado de Ciencias Forenses del componente del DSP y restituyó su autonomía como instituto.
La unión de policías también declaró que ha surgido una merma sustancial en las investigaciones y esclarecimientos de casos como resultado de la Ley 20. Según estadísticas sobre el desempeño de la Uniformada bajo la sombrilla del DSP, el esclarecimiento de casos disminuyó de un 57% en el 2016 a un 21% en el 2020.
“Esta disminución en su eficiencia operacional obedece en gran medida a que bajo el DSP se carece de las herramientas, recursos económicos, adiestramientos adecuados y trabajo en equipo entre los componentes del sistema criminal, causando una debacle administrativa. Ha habido un decrecimiento funcional y operacional en los servicios que se esperaban, y en el desempeño de estos negociados”, manifestó el FUPO
A las expresiones de los policías se unió el Sindicato de Bomberos, quienes también consideran que la eliminación del DSP y el restablecimiento de la Ley del Cuerpo de Bomberos representa un mejor servicio público para los ciudadanos.
“No hay nadie en el país que diga que el Departamento de Seguridad Pública vino a traer beneficios a nuestro pueblo. Todo lo contrario, su ineficiencia ha sido palpable en las crisis que ha tenido que enfrentar el pueblo, como ha sido el huracán María, los terremotos, la pandemia de COVID-19, entre otras”, aseveró el presidente José Tirado, quien presentó un listado con 900 firmas de bomberos en respaldo a la pieza legislativa.
Por otro lado, Tirado García propuso consolidar al Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Emergencias Médicas por concepto de un mejor manejo de las finanzas de ambos componentes y extensión de los servicios. El representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la comisión cameral, adelantó que radicará un proyecto por petición para atender la propuesta.
“No creo en la sombrilla. Nosotros como comisión y como Legislatura vamos a impulsar hasta donde podamos lo que merecen nuestras agencias, que es que tengan su autonomía e independencia”, argumentó el legislador, quien enfatizó que los negociados tienen la capacidad de operar y ejecutar “sin necesidad de tener a nadie sobre ellos”, sostuvo el Presidente de la Comisión.
Mientras tanto, la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, que representa a los empleados del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 afirmó que es “imperativo” que se apruebe el proyecto de ley tras acentuar una crisis administrativa y un déficit presupuestario dentro de la agencia al operar con fondos propios.
“El 9-1-1 nunca había pasado por una situación donde las obligaciones excedan los ingresos hasta que entró a ser parte de la sombrilla. Como modo de ejemplo, el 9-1-1 dejó de pagar la remesa a los municipios integrados, creando así una crisis en el tiempo de respuesta”, dijo el presidente Aramis Cruz Domínguez. El tiempo de respuestas a emergencias en la isla aumentó de 30 a 40 minutos durante el pasado cuatrienio, según la información que surgió en la vista.
“No existe argumento alguno para que el 9-1-1 permanezca dentro del DSP. Tampoco existe justificación para que permanezca vigente dicho Departamento”, sostuvo Cruz Domínguez.
Cuando el presidente de la comisión preguntó a los líderes sindicales qué ha aportado el DSP desde su implementación, los tres trabajadores respondieron “nada”.
“El DSP acabó siendo un gasto, quebrando a los que eran autosuficiente; añadiendo más burocracia; desmotivando a todos los empleados de las diferentes agencias; atrasando el tiempo de respuesta; bajando el esclarecimiento de casos; perdiendo fondos federales porque no se han establecido y realizado tareas que se debieron hacer”, denunció Cruz Burgos.
La comisión cameral igualmente atendió la Resolución de la Cámara 232, que investiga al mismo tiempo el funcionamiento del DSP. Aunque el FUPO no mostró reparos a la medida, el Sindicato de Bomberos se opuso por entender que durante los pasados años la agencia sombrilla ha demostrado que no ha cumplido con su rol.
