Trabajadores sociales reclaman a la legislatura aprobar medidas sobre aumento salarial y protección de derechos
Al momento, hay dos proyectos radicados en la Cámara Alta desde el mes de mayo
El presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), Larry Emil Alicea Rodríguez, hizo un llamado al Senado para aprobar dos proyectos que proponen mejores condiciones y salarios para los profesionales del campo en la isla, pues que, al presente, viven con una paga precaria, aparte de una carga laboral que excede lo que deberían cubrir.
Los proyectos senatoriales 893 y 894, radicados por el colectivo, proponen crear una Carta de Derechos de los y las Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico; y establecer un salario mínimo base para las y los funcionarios de acuerdo a su preparación académica, independientemente de si laboran en el sector público o privado, el cual comenzaría en $3,989 mensuales. Las medidas cuentan con la firma de las senadoras populares Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey, y el senador popular Juan Zaragoza Gómez, entre otros.
“Nosotros estamos trabajando, en estos momentos, en condiciones sumamente precarizadas, con salarios sumamente precarizados, con cargas de trabajo sumamente abrumadoras que no permiten que se les pueda dar los servicios de calidad a la ciudadanía… Y lo que reclama el Colegio de Profesionales del Trabajo Social ante esto, es que las cámaras legislativas tomen en consideración los proyectos 893 y 894 radicados por el Colegio, y con firmas de varios legisladores de diferentes partidos, para que [se atienda] esta situación de las condiciones laborales y el salario”, indicó el profesional.
Respecto al veto del gobernador al P. del S. 563, que aumentaba el salario mínimo a empleados del sector público, Alicea Rodríguez desmintió al senador Rubén Soto quien, supuestamente, indicó que el Colegio no se expresó respecto a dicho proyecto.
“Cuando él dice que nosotros no nos expresamos, miente […] El Colegio de Profesionales del Trabajo Social fue a su oficina a pedirle que enmendara los proyectos para que incluyeran al sector público y para que se revisaran esos aumentos de salario porque nosotros no estamos peseteando”, expresó el profesional al comparar el sueldo de un trabajador social con el de un empleado en el sector comercial.
Asimismo, describió que un día sin trabajadores sociales en la isla implicaría una carencia en la asistencia de servicios en comunidades, escuelas, hospitales, tribunales, entre otras agencias, lo cual, a su vez, afectaría a comunidades desventajadas. Además, informó que el número de profesionales, según el Departamento de la Familia (DF), está cercano a los mil, pero advirtió que hace una década sobrepasaba dicha cifra. De hecho, reiteró que la misma secretaria del DF, Carmen Ana González Magaz, reconoció que hay profesionales que no participan en convocatorias de empleo por el problema salarial.
“Hay más trabajadores sociales en el Departamento de Educación que los que hay en el Departamento de la Familia”, explicó.
“Si el trabajo social paralizara sus funciones en el día de hoy, el país, en efecto, se paralizaría. Toda la prestación social de servicios sociales en el país estaría grandemente afectada”, finalizó el profesional.
