La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia le formuló 64 cargos criminales contra el propietario de dos negocios dedicados a la venta de piezas y equipo de vehículos todo terreno, que opera en Dorado.
Luis Jorge Rivera Marrero, de 31 años, le debe al Estado sobre $1.6 millones por dejar de reportar a Hacienda ingresos personales y de su corporación DMSPORT INC., para los años 2019, 2020 y 2021. Además, para los años 2020 y 2021 radicó planillas de contribución sobre ingresos falsas y fraudulentas por Dorado Global Group LLC. El imputado tampoco remitió a Hacienda sobre $260,000 por concepto del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
Por estos hechos, enfrenta 64 cargos al amparo del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico, según enmendado, y se expone a ocho años de prisión.
Según el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, Rivera Marrero presentó planillas falsas y fraudulentas al Departamento de Hacienda e incumplió con su deber de reportar sobre 2.4 millones de dólares al erario.
“El caso del joven empresario Luis Rivera Marrero, es muy parecido a otros que hemos trabajado en
colaboración con el Departamento de Justicia y con agencias federales, que han sido ampliamente
reseñados por los medios de comunicación. Sin embargo, algunos ciudadanos insisten en repetir
conductas de evasión, a pesar de que hemos recalcado la capacidad que tiene Hacienda para investigar
la relación de ingresos y gastos de contribuyentes, entre otras herramientas con las que contamos, que
siguen ampliando nuestro campo de visibilidad”, dijo el funcionario.
Los cargos son producto de una alianza investigativa entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y la DEA, creada con el objetivo de erradicar la evasión contributiva en la Isla y que ha resultado en 12 convicciones por esquemas millonarios para defraudar al gobierno.
El caso ocurrió como un referido de la Agencia federal del Control de Drogas (DEA). La agente a cargo en Puerto Rico, Denise Foster no confirmó ni rechazó que Rivera Marrero sea parte de una investigación a nivel federal.
“Quienes cometen delitos económicos dan un golpe severo a la economía de la Isla y a nuestra gente. Las personas que se lucran incumpliendo las leyes contributivas son criminales que infligen daños a otros ciudadanos que requieren recursos del Estado para atender necesidades básicas. Por esto, continuaremos combatiendo la evasión contributiva y procesando este tipo de casos que implican esquemas millonarios de incumplimiento que afectan los servicios del pueblo”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.