El medio periodístico ProPublica compartió en la mañana de hoy, martes, una investigación que apunta a cómo el Gobierno federal detuvo una investigación sobre un presunto esquema en las cárceles de Puerto Rico, en el que se intercambiaron drogas por votos en beneficio de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Presuntamente, tras la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al poder, los trabajos se detuvieron. No obstante, en diciembre de 2024, 34 personas, entre confinados y otros, fueron acusados por cargos de homicidio, posesión de armas ilegales y lavado de dinero.
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, indicó en declaraciones escritas que “el reportaje publicado hoy por ProPublica describe hechos que ningún funcionario electo en Puerto Rico ni en Washington puede ignorar. Fiscales federales reunieron evidencia de un esquema de drogas a cambio de votos dentro de nuestras instituciones penales durante las elecciones de 2024.
El reportaje alega que los fiscales recibieron instrucciones de excluir los cargos relacionados con la coacción electoral y de detener la investigación poco después de que Donald Trump ganara la presidencia. He iniciado conversaciones con líderes del Congreso sobre los pasos que podemos y debemos tomar para investigar este escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia“.
Por su parte, la gobernadora emitió las siguientes declaraciones:
“Durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos.
Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán.
En el proceso de campaña eleccionaria escuchamos a todos los sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico y esto incluyó que mi equipo de campaña y esta servidora se reuniera con familiares de confinados preocupados por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad.
La mejor evidencia es que durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadora en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi. También rechacé como parte de esa campaña, la petición que me hicieran familiares de confiados de que se quedara en su cargo la exsecretaria de corrección Ana Escobar.
Estoy comprometida con la rehabilitación de los confinados y su reinserción a la sociedad. Mi Programa de Gobierno (enlace: https://pnppr.com/poblacion-correccional/) como mis políticas públicas reflejan el principio rector de la rehabilitación. Iniciativas como la erradicación de la hepatitis C en las cárceles, las oportunidades de aprendizaje virtual para personas en las cárceles en instituciones de educación superior y la mayor inversión en trabajadores sociales asignados a las cárceles demuestran nuestro compromiso. Puede encontrar todas nuestras propuestas sobre personas privadas de libertad en línea en la siguiente dirección: Población Correccional – Partido Nuevo Progresista.
Las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas. Cualquier investigación federal que exista, si existe, deben preceder mi administración. Este reportaje es uno de encargo por la misma gente que quieren seguir intentando manchar mi reputación. Seguiré enfocada en hacer el trabajo a favor de la gente”.
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